Superado el primer impacto de la noticia del acuerdo entre el Ayuntamiento y Mina para garantizar el traspaso del servicio de suministro de agua a la nueva empresa pública sin sobresaltos, es momento de un análisis algo más detenido. Partimos de la base de que el acuerdo es bueno para todos. En realidad a penas si notaremos el cambio más allá del membrete de la factura y, como dice el portavoz de Ciudadanos, un letrero nuevo en las viejas oficinas de Mina en la calle de la Societat. El suministro lo ofrece el Ayuntamiento con la garantía del servicio de Mina. Es (Issac Albert tiene razón) el acuerdo natural que todos pensábamos que se iba a producir, el menos traumático. Dentro de cinco años, ya se verá.
Las dos partes han tenido sus pequeñas victorias morales. Por un lado, el Ayuntamiento ha conseguido que, finalmente, Mina reconozca la legitimidad de la nueva empresa suministradora y la titularidad pública del servicio que lleva aparejada la retirada del procedimiento judicial que lo cuestiona. Por su parte, Mina mantendrá su vinculación al suiministro del agua en Terrassa, en realidad en las condiciones que persiguió desde el principio. Ambas partes han llegado a este acuerdo porque les ha interesado; nadie ha ganado a nadie, ninguno tenía más razón que el otro. El Ayuntamiento se ha dado cinco años para entrar de lleno en la gestión del agua de la mano de quien tiene los medios y el conocimiento (hacerlo ahora y en solitario hubiese sido seguramente irresponsable) y Mina mantiene su negocio como proveedor de la nueva empresa. Mientras, los ciudadanos vemos, con los ojos humedecidos, cómo se habla ya de futuras inversiones incluso para mejorar el sabor del agua.
Es por eso que sorprende la pugna semántica entre “traspaso del servicio” y “colaboración público-privada”. En Terrassa, debemos tomar distancia de lo que en Barcelona pueda parecer una cuestión de honor. Es ridículo que incluso en el acuerdo sigan habiendo suspicacias. Qué más dará. Debemos ser pragmáticos. En realidad, los dos conceptos se interrelacionan y las partes, una vez alcanzado el acuerdo, se deben liberar de complejos, ponerse manos a la obra y llegar al 31 de octubre con todos los flecos discutidos. El usuario no debe notar el cambio ni en la calidad del servicio ni, sobre todo, en el precio. Esa es la gran responsabilidad de la EPEL, de su consejo de administración.
