Son muchas las incógnitas que se le abren al Gobierno del PSOE para después de las vacaciones. Una de ellas es cómo retomarán los pensionistas su movilización por la dignidad de las pensiones, que se inició el pasado mes de enero con la ridícula carta en la que el ministerio de Trabajo explicaba cómo el Gobierno de Mariano Rajoy subía “la paga” un 0,25 por ciento. Aquella carta provocó una inesperada protesta de los pensionistas. La displicencia inicial con la que la acogió el Gobierno se tornó en seria preocupación. Hasta el punto que el Partido Popular aceptó significativas concesiones a los pensionistas en los Presupuestos Generales del Estado, finalmente aprobados con el nuevo Gobierno del PSOE.
La incógnita es cómo va a gestionar el PSOE la cuestión de los pensionistas. El denominado Moviment per unes Pensions Dignes mantiene su movilización. En Terrassa, hoy se inician una serie de asambleas en diferentes barrios de la ciudad, que tendrán lugar durante lo que queda de julio, finales de agosto y principios de septiembre con las que los pensionistas terranssenses quieren mantener viva la llama de su protesta. En esas asambleas pretenden explicar a sus compañero cuál es el estado de la cuestión y por qué deben seguir en su empeño pese a que se haya aprobado un aumento del 1,6 por ciento con efectos retroactivos desde primeros de año y un aumento del 3 por ciento a las pensiones más bajas.
Los pensionistas consideran que se deben derogar las reformas de los años 2011 y 2013 que limitaron considerablemente su poder adquisitivo, pero hay otras cuestiones, esos otros “factores de sostenibilidad”, quizás menos mediáticos, pero igualmente importantes, que esos cambios normativos mantienen vigentes y que pretenden que se derogue, como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años; tener en cuenta como periodo de cotización para determinar la pensión los últimos 25 años y no los últimos 15 años o los pactos de los aumentos salariales.
En ese sentido, los pensionistas consideran del todo insuficiente el pacto de aumento salarial entre sindicatos y patronales de entre el 2 y el 3 por ciento. Consideran que eso afecta directamente a las pensiones. El sostenimiento de las pensiones, consideran, no se puede garantizar si no es con un empleo de calidad y bien retribuido, de forma que el estado pueda recuperar el fondo de las pensiones. Pues eso, que fue un problema del PP, lo tendrá que gestionar el PSOE.
