Ya comienza a vislumbrarse por dónde van a ir las acciones del nuevo Gobierno. Hemos estado unos días con cierta esperanza de cambio en cuestiones que afectan enormemente a una parte importante de la ciudadanía como son las condiciones del trabajo y las pensiones.
Lo primero que ha trascendido es que sobre la reforma laboral del 2013 no cabe su derogación porque el gobierno debe ser pragmático, ¿con quién?, con las clases poderosas, con esos 127.000 ciudadanos que en esta brutal crisis se han hecho multimillonarios y suman ya 202.000 millonarios, los que mediante las SICAV han ahorrado 1.000 millones en impuestos en 5 años y sus fortunas han crecido en 5.000 millones, mientras el paro está en 3,8 millones siendo el 50% de larga duración, con una tasa global del 16,7% de paro, la segunda más alta de la UE, mientras sólo el 25% recibe algún tipo de prestación, siendo mujeres el 57% del total.
Si hablamos de los que trabajan a tiempo parcial por 450 euros al mes y que suponen el 27% de la población activa y que, a pesar de tener trabajo, siguen vinculados a los circuitos asistenciales cuando se lo permiten porque no pueden hacer frente a los gastos de alimentación, educación y vivienda y que en muchos casos son desahuciados (en 2017, 36.500 familias fueron desahuciadas por impago del alquiler). Casi 5 millones están atrapadas entre la pobreza laboral y el paro. El 35% de parados son menores de 25 años.
Toda esta situación no es casual. El sistema capitalista, encabezado por el capital financiero (bancos, fondos buitre, aseguradoras, etcétera), había diseñado esta miserable realidad con el objetivo de generar mucho más beneficio a sus maniobras especulativas e inversoras. En diez años han conseguido consolidar una bolsa de miseria estructural para que la sumisión del trabajador sea total.
Para poder llevar a cabo este proyecto de destrucción del Estado del bienestar necesitaban la colaboración de sus gestores políticos (PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCat, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias) que se pusieron a trabajar en ello.
Desde 2010 hasta 2015 se han recortado 78.648 millones de euros que es el equivalente al 7,8% del PIB. En los PGE del 2018 vuelven a recortar inversiones en derechos básicos para la ciudadanía. Sobre educación recortan del 4% al 3,8% del PIB. En sanidad, del 6% al 5,8% del PIB. En pensiones y asistencia sanitaria, del 16,5% al 16,2% del PIB.
Por otro lado están los pensionistas que son más de 9 millones de receptores de unas pensiones que han servido de colchón a miles de familias que son víctimas de esta crisis. En el colectivo de pensionistas hay más de 5 millones que cobran menos de 645 euros/mes. De éstos, unos 2 millones reciben menos de 450 euros, la mayoría mujeres de avanzada edad. La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones desde el 2011 es del 7%, o lo que es lo mismo 430 euros al año.
En enero de este año Unidos-Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley para la revalorización de las pensiones en función del IPC real habido, también solicitaba la derogación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que se impuso en el 2013 por el PP, así mismo incluía una paga por el valor del diferencial entre el importe de las pensiones habido en el 2016 y 2017 y el que hubiera correspondido con la aplicación del IPC. La Mesa del Congreso de Diputados rechazó esta propuesta con los votos del PP y de Ciudadanos. Según la reforma de las pensiones del 2011 (JLR Zapatero) establece que la edad de jubilación de 65 años pasará a los 67 años en un proceso gradual de incremento hasta el 2027, asimismo alarga el período de 35,5 años de los años cotizados mínimos necesarios para cobrar el 100% de la pensión a los 37 años.
Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos en el Pacto de Toledo, ha propuesto recientemente que se aceleren estos procesos de la reforma del 2011 para que su aplicación sea casi inminente.
El Congreso ha tratado una proposición sobre el factor de sostenibilidad propuesta desde el PDeCat y compartida por el PSOE, Unidos-Podemos y ERC para eliminar su aplicación. Ciudadanos en un alarde de manipulación dialéctica se abstiene argumentando que las leyes no se deben derogar, se deben revisar.
El PSOE con 84 diputados poco puede aprobar si hay una mayoría que decide votar en contra de lo que suponga renovar derechos ciudadanos, pero las entidades sociales, sindicales, políticas, plataformas ciudadanas, etcétera, sí que son parte interesada en la consecución de esas mejoras que tanto necesitan más de 9 millones de ciudadanos entre parados, trabajadores precarios, jóvenes y pensionistas precarios.
