En el pleno del Ayuntamiento de Terrassa del pasado mes de abril se aprobó una propuesta de resolución, presentada por Terrassa en Comú, para ampliar el parque público de viviendas de alquiler. A los gravísimos problemas que estamos viviendo para garantizar el derecho a la vivienda desde 2007, con la explosión/estafa de la burbuja hipotecaria, con más de 600.000 desahucios en toda España, ahora hay que añadir el incremento desorbitado de los precios de los alquileres y unas condiciones impuestas por inmobiliarias y propietarios imposibles de cumplir para una gran mayoría. Esto, que hasta ahora se había negado, por fin ha sido reconocido por el propio ministro Íñigo de la Serna, que ya utiliza el término “burbuja de alquileres”, refiriéndose al sobrecalentamiento de los precios. Y, como siempre, ha tenido que ser la sociedad civil la que se organice y ponga encima de la mesa el problema y las soluciones, en este caso a través de los Sindicats de Llogateres.
Si esto lo aterrizamos en Terrassa, nos encontramos con un escenario en el que estamos sufriendo 2,5 desahucios diarios, tenemos entre 12.000 y 15.000 viviendas vacías (aproximadamente el 60% en manos de bancos y grandes tenedores), casi 5.000 personas/familias están inscritas en el registro municipal para acceder a una vivienda protegida y un parque de viviendas públicas de alquiler del 1,2%, por debajo de la media estatal que se sitúa en el 2% y a años luz de algunas ciudades y países europeos que se sitúan en el 15-20%. El precio medio mensual del alquiler en Terrassa es de 525 euros y lo verdaderamente destacable es que la curva de precios del alquiler desde 2005 a 2017 tiene la misma forma en Terrassa que en Barcelona y, por tanto, la burbuja de alquileres es metropolitana y afecta directamente a nuestra ciudad.
Si ampliamos la mirada más allá de Terrassa, podemos encontrar muchas de las causas que explican esta situación: la primera, sin duda, y así lo advertía recientemente el FMI, es que la vivienda se comporta cada vez más como las acciones o los fondos de inversión, dejando de ser un derecho y de cumplir con su función social, para convertirse en un bien de inversión. La segunda es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reduciendo los alquilares de 5 a 3 años y, por tanto, cada 3 años te pueden subir el alquiler o echarte. Y la tercera es la enorme reducción del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda, un 20% respecto al presupuesto total del plan anterior (2013-2016). Con esta nueva disminución se consolida un recorte acumulado de más del 70% desde que el PP llegó al Gobierno en 2011 y que ahora cuenta con el apoyo de Ciudadanos.
Ante esta situación, ¿qué proponemos desde Terrassa en Comú? La propuesta que aprobó el pleno tenía dos objetivos fundamentales: crear mecanismos de generación de más vivienda de alquiler, sobre todo de precio de protección oficial, y aumentar el parque de viviendas públicas de alquiler. Creemos que estos objetivos son asumibles por nuestro Ayuntamiento y permitirían acercarnos a conseguir el derecho a la vivienda para todos.
Entre las propuestas que hemos puesto encima de la mesa y que ha aprobado el pleno destacamos: a) emprender las modificaciones normativas necesarias para destinar el 30% del techo de nueva construcción, rehabilitación integral y las reservas de vivienda protegida previstas en los sectores urbanísticos de desarrollo a régimen de alquiler social; b) declaración de zonas de Áreas de Conservación y Rehabilitación; c) establecer la delimitación de áreas de derecho de tanteo y retracto a favor de la administración, d) aplicar los artículos 15 y 17 de la Llei 4/20016 que permiten la expropiación de uso de las viviendas vacías de grandes propietarios; e) la creación del Consell Municipal d’Habitage; f) seguir aplicando las sanciones por viviendas vacías que permite la Llei d’Habitage de Catalunya del 2007 y que el nuevo gobierno de la Generalitat también las aplique, y g) modificación de la LAU, volviendo a contratos de alquiler de mínimo 5 años, y que se puedan declarar áreas urbanas en las que se pueda regular el alquiler.
Tras el apoyo por parte del PP y Ciudadanos al veto del gobierno a la ley sobre vivienda que la PAH presentó el pasado mes de marzo en el Congreso y después de que hace dos semanas el PP no se quiso ni reunir con el Sindicat de Llogateres y Ciudadanos no aceptó ninguna de las medidas que proponen para acabar con la burbuja de alquileres, es imprescindible que cada cual desde su lugar propongamos medidas que garanticen derechos fundamentales, como es la vivienda para todos. De nuevo nos encontramos ante quienes defienden sus intereses particulares y los que defendemos los intereses generales, los bienes comunes y los derechos básicos para una vida digna.
Nuestro objetivo desde que llegamos al Ayuntamiento ha sido hacer de Terrassa una ciudad más justa y más igualitaria y por eso nos hemos centrado en la ciudad durante toda la legislatura, poniendo el derecho a la vivienda en el centro.
* El autor es regidor de Terrassa en Comú
