El actual sistema público de pensiones es inviable a medio y largo plazo según plantea el gobierno del PP para justificar el "mísero" incremento del 0,25% de las pensiones. En julio del 2011 los sindicatos CCOO y UGT y el gobierno del PSOE pactaron una reforma de las condiciones vigentes en aquel momento y que venían determinadas por los Pactos de Toledo. Los dos puntos principales fueron retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años cotizados. En ese ejercicio también se congelaron las pensiones.
Al año siguiente, ya con un gobierno del PP, prepararon otra reforma, más lesiva, que en el 2013 se impuso por mayoría absoluta. Dijeron que no iban a congelarse nunca y que cada año se aplicaría un incremento llamado "índice de revalorización del sistema de pensiones" que en el peor de los casos sería de un 0,25%, así ha sido durante los últimos cinco años. Desde el 2011 hemos perdido unos 2.387 euros de media/año. Mientras esto pasaba, la banca recibió 76.000 millones, de los cuales 60.000 ya se han perdido, es decir, no van a devolverlos.
Con este panorama delante dicen que no es viable. Sencillamente porque, con la Reforma Laboral del 2013, el equilibrio entre ingresos (aportación de los trabajadores) y gastos (pensiones) desaparece.
Recordemos que la pensión es un derecho constitucional (artículo 50). ¿Cuándo un derecho constitucional va a ser económicamente rentable? ¿Acaso lo son la sanidad o la educación? O el resto de gastos de defensa que se incrementa para el 2018 en 18.000 millones por imposición de la OTAN. No, todos los gastos del Estado se pagan de los Presupuestos Generales del Estado, que a su vez se nutren de los impuestos que pagamos los ciudadanos globalmente. ¿Por qué vamos a seguir teniendo las pensiones como un apéndice del salario?
Este jueves se ha publicado en este Diari de Terrassa un artículo del secretario general de CCOO en el Vallès Occidental que sigue buscando soluciones en el marco de la Seguridad Social y en otros ámbitos recaudatorios. Repite que "se ha de negociar y acordar con agentes sociales y económicos para garantizar la suficiencia económica del sistema". Lo que debemos hacer todos/as en esta lucha que se ha iniciado con la consigna de "por unas pensiones dignas" es exigir que se incluyan en los PGE y de ahí se nutran de la riqueza social colectiva. Por otro lado exigir la implantación de la renta social básica = salario mínimo interprofesional = pensión mínima de 1.080 euros.
El ciclo económico y social ha evolucionado, y las necesidades de las personas también, por eso debemos plantear un nuevo marco legislativo en beneficio de los más débiles.
Por otro lado mantenernos en esta disyuntiva de si son o no son viables y estar buscando rincones donde "rascar" algunos millones para las pensiones sólo sirve para que el sistema actual perdure en el tiempo y lleve a potenciar los planes de pensiones privados, que al fin y al cabo es lo que quieren la banca, el PP, Ciutadans, PdeCat, PNV, etcétera. Se trata de gestionar los 120.000 millones que anualmente mueven las pensiones.
Un ejemplo ilustrativo del fin privatizador es la evolución de la sanidad de los últimos diez años. Vemos que desde el 2008 la sanidad pública ha sido castigada con recortes de 60 mil millones, lo que ha beneficiado a la sanidad privada, que en estos momentos tiene al 20% de la población como clientes asegurados o, lo que es lo mismo, 9,5 millones de ciudadanos disponen de un seguro privado paralelo a su derecho a la atención pública.
Los recursos económicos hay que buscarlos donde están y no se actúa sobre ellos, ni contra ellos. Repasemos algunos. Partidas relativas a defensa. A las retribuciones de todos los representantes públicos desde el presidente del Gobierno hasta el último concejal. A inversiones faraónicas. A actuar contra el fraude fiscal. A reformar el sistema tributario incrementando la carga a las grandes empresas, a los bancos, a las transmisiones financieras y a las grandes fortunas. Obliga por lo tanto a sanear las cuentas del Estado simplemente porque si no es así no puede hacer frente a la realidad.
Además, para asegurar la permanencia de las pensiones dignas, se deben blindar en la Constitución. Hay que protegerlas, como columna vertebral del Estado social, prohibiendo su privatización y la degradación del poder adquisitivo. Si se blindó el pago de la deuda, aún con más razón hay que blindar las pensiones en la Constitución para que nadie pueda actuar en contra de los intereses de los pensionistas y así poder mantener el poder adquisitivo y el sistema público de pensiones. Es cuestión de voluntad política. Si el PP no la tiene que dimita y convoque elecciones. Si tú quieres… Sí se puede.
* El autor es miembro del Moviment per unes Pensions Dignes
