Recientemente se aprobó por unanimidad la moción del grupo municipal de Ciutadans de Terrassa en la Junta de Portavoces que instaba al Ministerio de Justicia y al departamento de Justicia a crear en el partido judicial de Terrassa un juzgado especializado en cláusulas abusivas y condiciones generales de contratación en préstamos hipotecarios. No es la primera vez que Terrassa solicita medidas para agilizar la tramitación de procesos judiciales en nuestro municipio. De hecho, ya en 2017 se cursó una petición al Ministerio de Justicia para incrementar el número de juzgados de lo Social y de Familia, pero la actual moción de Ciutadans quiere ir más allá. Al igual que ya se ha hecho en las provincias de Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, se solicita la creación de un juzgado especializado que cubra las necesidades de Terrassa y de las poblaciones del mismo partido judicial (Sant Cugat, Rubí, Vacarisses, Castellbisbal, Olesa, Ullastrell, Rellinars y Viladecavalls, entre otras), con competencia exclusiva para tratar de estos asuntos.
La moción propuesta por Ciutadans de Terrassa para adoptar esta medida responde a una necesidad de vibrante actualidad, logrando conseguir el consenso entre todos los partidos políticos. Solamente a finales de diciembre de 2017 ya se habían registrado en el territorio nacional 156.862 demandas referentes a cláusulas abusivas y condiciones generales de contratación en préstamos hipotecarios, de las cuales más de 18.000 se tramitaron en Catalunya, que de no existir juzgados especializados en dicha materia habrían congestionado aún más la actividad de los juzgados de Primera Instancia. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ya aprobó a finales de diciembre de 2017 el diseño de un nuevo plan de especialización de juzgados en esta materia, aumentando a su vez el número de jueces y letrados de la administración de Justicia dedicados a esta materia.
El gran incremento de demandas de nulidad de cláusulas abusivas y reclamación de gastos de formalización en préstamos hipotecarios es consecuencia de la cada vez más numerosa jurisprudencia que da la razón a las personas que en su momento formalizaron un préstamo hipotecario y que, por su razón de consumidores y usuarios, ni solicitaban dicho préstamo para sus actividades profesionales ni tuvieron oportunidad de dialogar o negociar con la entidad bancaria en cuestión las diferentes cláusulas que la entidad incluía en la escritura pública.
La escritura que se firmó al constituir la hipoteca ya estaba previamente redactada, sin opción alguna por parte del consumidor para modificar las cláusulas.
De ahí la denominación de contratos de adhesión, ya que sólo permiten al consumidor "adherirse" a ese documento, sin posibilidad real de introducir modificaciones, y creando por tanto una feroz desigualdad entre la entidad bancaria y el usuario, al que simplemente se le da la opción de aceptar ese documento tal y como se le presenta.
De ahí la protección que la creciente jurisprudencia y normativa ofrece al consumidor. Durante muchos años, los prestatarios ni tenían conocimiento de que tuviesen un derecho real a reclamar a la entidad bancaria por el hecho de que ésta les hubiese aplicado cláusulas que les perjudicaban gravemente, o de que fuese el consumidor, y no el banco, el que hubiese cargado indebidamente con todos los gastos de formalización de la hipoteca (honorarios de notaría, registro, etcétera), cuando la parte interesada en formalizar el préstamo en escritura pública era precisamente el banco, para poder disponer de un título ejecutivo en caso de impago por parte del prestatario. La propuesta de Ciutadans para la creación de un juzgado en Terrassa dedicado solamente a esta materia agilizará la tramitación de estos casos, permitiendo así que los consumidores afectados por estas cláusulas vean reconocidos sus derechos.
* La autora es del área jurídica de Ciutadans Terrassa
