Nuestro Ayuntamiento nos ha enviado un folleto sobre la municipalización del suministro de agua, políticamente impecable, que empieza por anunciarnos un sonoro "agua de todos y para todos".
Luego continúa asumiendo ocho compromisos, de los que la mayoría serán de muy difícil cumplimiento. Uno sí que lo podemos dar por seguro: el castigo a los consumos excesivos -escala de precios ascendente, sin bajar los mínimos- igual que entre los no cumplidos podrían estar los de informar sobre costes e ingresos y el de crear mecanismos de participación ciudadana en la gestión de inversiones. ¿O es que se hace, realmente, en el resto de sociedades y servicios que nos prestan?
Entre los objetivos que se buscan con la municipalización, incluye el de garantizar un servicio eficaz y transparente que vele por los intereses de todos los terrassenses.
La más antigua empresa de España, modelo de buena gestión y buen servicio, acaba su recorrido en cuanto a la gestión privada, profesional y no sujeta a los avatares políticos, y pasa a formar parte de la historia, de esta historia reciente en que los poderes públicos han querido dominarlo todo y han terminado "quemando" cuanto han tocado.
Habrá que ver cómo son tratados los accionistas privados que, a lo largo de muchos años, han ido haciendo obras y mejoras con las que han sido posibles el buen servicio, la buena calidad del agua y la no carestía, si no tenemos en cuenta la gran carga impositiva que soporta un servicio tan básico.
Y si, como creemos, el recurso que en su día presentó Mina contra la operación aún está pendiente de sentencia, este "echar adelante" puede tener, en su día, consecuencias catastróficas y responsabilidades difíciles de evaluar para quien ahora, a sabiendas, quiere ignorar tan importante detalle.
Nuestro Ayuntamiento parece ya una gran corporación multinacional: es propietario al cien por cien de ocho empresas, dedicadas a los más variados objetivos, participa en trece consorcios, dieciséis asociaciones, siete fundaciones y otra institución que citan como "otros entes" y que es una de las de más lógi- ca existencia, el Museu de la Ciència i la Tècnica.
En toda España se estima que son más de 4.000 las empresas públicas existentes, casi todas, más llenas de personal privilegiado que de actividad alguna. Terrassa, contando todas sus participaciones, tendría un lugar destacado en cualquier ranking.
Al margen de ello, quizás alguna concreta tendrá su lógica razón de ser, pero imaginemos la de jefes y subjefes que ello conlleva y la dificultad de aprovechar economía de escala alguna.
Claro que de esa forma resulta más fácil tomar o dejar la gestión de cualquiera de ellas y, en muchos casos, hasta la propiedad.
Algo que tienen en común casi todas ellas son los resultados, detalle que debería ser importante y que desde cualquier mando político jamás se plantea; primero porque serán soportados por la casa madre, con cargo a nuevos impuestos, y segundo y principal, porque normalmente quien provoca el desastre, cuando éste se pone de manifiesto, ya se fue, naturalmente sin asumir ninguna responsabilidad, aunque últimamente empieza a haber casos en los que la judicatura retrotrae y hasta personaliza esas responsabilidades.
Esperemos que lo que fue una saneada y bien gestionada Mina de Terrassa consiga seguir funcionando de forma parecida al pasado y no sirva de cobijo de mandamases tan innecesarios como inútiles, que es lo que ha venido sucediendo en la mayoría de estos casos, provocando, además, la huida de los auténticos profesionales.
