En estos momentos hay una campaña de defensa de las pensiones en toda España. El objetivo es intentar recuperar el poder adquisitivo de las mismas. Llevamos desde el 2013 que aplican un incremento del 0,25% anual, mientras el IPC ha sido del 3%.
Pero debemos ver el problema en su más amplia dimensión. El pueblo español lleva 10 años viviendo una destrucción brutal de todos los derechos que la Constitución y los derechos humanos le otorgan de forma clara e irrefutable, afectando ámbitos fundamentales para la vida de las personas.
Derecho a una sanidad pública y digna. Derecho a la educación pública, tanto en su fase obligatoria como la universitaria. Derecho a un puesto de trabajo y retribución dignos. Derecho a ayudas ante la emergencia social generada por la pérdida del puesto de trabajo. Derecho a la ayuda a las becas escolares. Derecho a poder disponer de una vivienda digna. Derecho a la Ley de la Dependencia. Derecho a una jubilación digna que cubra las necesidades básicas para la supervivencia.
Gran parte de estos derechos ya se han perdido, pero los dueños del sistema, el capital financiero, quieren más sangre. Ya no les vale la reforma de las pensiones del 2013 que ha supuesto una reducción gradual del importe de las nuevas pensiones, ahora necesitan darnos la estocada en algo tan primordial como es el asegurar una vida digna en nuestra última etapa de la vida. Para ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda al gobierno del PP que realice ya cuanto antes una reforma integral de las pensiones.
El eje de esa reforma estará en establecer unos mecanismos de revisión a la baja que en unos años las pensiones que ahora suponen un 82% de las últimas retribuciones pasen a ser un 46%. Es decir, si ganamos 1.000 euros nuestra pensión será de 460 euros. Para que no nos muramos de hambre han ideado que la vida laboral continúe a partir de la edad de jubilación y seamos unos asalariados más de tantos que hay cobrando 400 ó 500 euros/mes en trabajos precarios. Por otro lado, para que los dueños de este país (el capital financiero) sigan ganando dinero con nuestras necesidades básicas hacen campaña para que nos hagamos planes de pensiones privadas.
Ya tenemos experiencia de cómo favorecen nuestros intereses los bancos. Nos inducen a que nuestros ingresos dependan de los mismos que engañaron a un millón de ciudadanos robándoles unos 12.000 millones de euros con las preferentes. O los ahorros perdidos de 300.000 inversores por la venta del Banco Popular que reclaman unos 1.500 millones. O las cláusulas suelo de las hipotecas que suponen 3.700 millones.
Esa banca, que recibió en 2013, ante una posible quiebra bancaria, una ayuda de 76.410 millones a devolver, de los cuales 60.000 millones ya se han perdido. Esos bancos que han ganado, en el 2017, 13.439 millones de euros, un 53,5% más que en el 2016, mientras hay cinco millones de pensionistas que cobran menos de 738 euros (salario mínimo interprofesional).
Ellos argumentan que el índice de crecimiento de la esperanza de vida de la población hace que haya un envejecimiento global que impide que pueda haber una reposición económica desde la aportación de los trabajadores en activo que sufrague el 100% de las pensiones.
En parte es cierto, pero eso pasa porque no se han preocupado en estimular la maternidad como hacen otros países de Europa, ni tampoco se han preocupado de que haya unas condiciones laborales con unas retribuciones dignas que permitan esas aportaciones de forma continuada. Ni se hace una política de crecimiento económico basado en el I+D. 2.183.043 españoles licenciados trabajan fuera de España. Las inversiones españolas en investigación suponen menos del 50% que la media europea. Así no se puede crecer.
Sólo se han preocupado por desmantelar las arcas públicas todo lo que han podido y legislar para que sus amigos sigan siendo cada día más ricos. Si la banca tributara más del 16% actual. Si la bolsa de fraude fiscal de 72.000 millones se controlara. Si a ese 20% de contribuyentes más ricos que generan el 72% del fraude fiscal se les obligara a contribuir en proporción a su riqueza.
Si en el conjunto de las diferentes administraciones se actuara de forma honrada y austera. Si se eliminaran esos miles de asesores políticos que existen. Si los diputados, senadores, alcaldes, etcétera tuvieran las mismas condiciones laborales y retributivas que nosotros.
Si todo esto fuera posible habría recursos suficientes para continuar manteniendo unas pensiones dignas. Por ello, todos los ciudadanos, sean jóvenes o jubilados, tienen la obligación de implicarse en esta lucha, porque de ella depende la supervivencia de todos. Los menores de 40 años, con esta nueva reforma, no tendrán derecho a nada, y ya no estarán sus papás para ayudarles con sus exiguas pensio- nes.
