La vieja Casa del Poble dejará pronto de ser casa para convertirse en un solar. El estado de ruina que presenta obliga al Ministerio de Trabajo, en este momento su legal propietario, a derribarla por amenazar la seguridad de las fincas adyacentes y también de los viandantes. Desde la instauración de la democracia se han tenido que llevar a cabo diversas actuaciones en el edificio debido a su estado de deterioro. Esquerra Republicana, que la ocupó hasta el año 2001, no quería hacerse cargo de las obras de mantenimiento por cuanto consideraba que debía reconocerse su titularidad legítima antes de emprender acción alguna.
Es sorprendente que después de tantos años todavía esté en cuestión la propiedad real de la finca que ocupa este inmueble. La Casa del Poble fue de Fraternitat Republicana hasta que esa formación entró a formar parte de Esquerra Republicana, momento en que se fusionaron también sus patrimonios. Esquerra ha intentado obtener la devolución de la titularidad por la vía administrativa, al amparo de las diversas leyes que tanto Partido Popular como Partido Socialista han aprobado para restituir el patrimonio incautado a sindicatos y partidos después de la Guerra Civil (CNT y UGT fueron los más damnificados por ser los sindicatos mayoritarios y con mayor patrimonio en aquel momento).
Esa vía no ha funcionado en lo que al edificio de la Casa del Poble se refiere y resulta moralmente inadecuado que el partido republicano deba recurrir a la fórmula de la usucapión (la titularidad por el uso) para recuperar la propiedad de la que fue su finca. El alcalde Jofresa ofreció las llaves a los responsables del partido durante la transición democrática como legítimos propietarios; se trata ahora de una maniobra plenamente legítima, pero que de alguna manera resta dignidad a la forma en la que los partidos expoliados después de la Guerra Civil deben recuperar la titularidad registral de su patrimonio.
Mientras tanto el edificio se derruirá en breve, lo que en sí significa una buena medida dado el peligroso estado de la fina. En ese sentido, no deja de ser paradójico que el Ministerio de Trabajo, legal propietario del edificio, haya tenido que solicitar la entrega de las llaves al propietario real, Esquerra Republicana, para entrar y planificar todo lo necesario para su demolición.
