El pasado jueves, 30 de noviembre, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) convocó a una reunión a los trece ayuntamientos más grandes de Catalunya, a las entidades municipalistas y entidades sociales para analizar la Ley 24/2015: sus éxitos conseguidos y las dificultades en su aplicación.
Esta ley se aprobó en el Parlament gracias a los centenares de miles de firmas que recogieron en la calle la PAH, la APE y otras organizaciones de la sociedad civil. La APE pretendía convocar, ahora que llega el invierno, un período especialmente crítico en lo que se refiere a la pobreza energética, al mundo municipal para asegurar que todas las familias en situación de vulnerabilidad estén protegidas contra los cortes de suministros de agua, luz y gas.
No deberíamos olvidar las tasas de mortalidad adicional de invierno registradas en países occidentales, la del Estado español (21%) es, junto con la de Portugal e Irlanda, una de las más elevadas de Europa. Asumiendo que sólo un porcentaje de estas muertes son consecuencia de vivir en una vivienda con temperaturas inadecuadas, la pobreza energética podría estar detrás de entre 2.300 y 9.300 muertes al año, una cifra, en cualquiera de los casos, superior a la de las muertes por accidentes de tráfico.
Según explica la propia APE en su web, en la reunión han participado representantes de los municipios de Sant Boi de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Reus, Sabadell, Tarragona y L’Hospitalet, así como representantes del Área Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social y Ecoserveis. Aquí la primera sorpresa y estupefacción: ¿dónde estaba el Ayuntamiento de Terrassa? Nos consta que también estaba convocado y que, por motivos que desconocemos, no asistieron a una reunión en la que participaron los principales ayuntamientos de Catalunya y que tenía por objetivo un tema tan fundamental en estos momentos que llega el frío y que afecta a un número muy importante de familias y personas de nuestra ciudad. Una reunión para crear un frente común en la defensa de la Ley 24/2015, una norma totalmente vigente en temas de pobreza energética, que protege a las familias vulnerables y evita los cortes.
En esta reunión la APE planteó unas demandas muy concretas a los municipios: 1) Crear un frente común en defensa de la Ley 24/2015 como una herramienta que ha conseguido parar más de 30.000 cortes de suministros en Catalunya, 2) Denunciar los cortes ilegales que todavía hoy en día se producen, denunciando y sancionando a las empresas suministradoras y 3) Exigir la firma de los convenios con las empresas suministradoras para quitar las deudas de las familias y dejar de pagar con fondos públicos las facturas impagadas por falta de recursos.
Ahora que llega el invierno, como casi siempre, la sociedad civil organizada (en este caso la APE) se avanza a las administraciones y lanza un mensaje claro a la ciudadanía y a las empresas suministradoras: que la ley protege a las familias vulnerables, que no se puede realizar ningún corte de suministros por impago de dichas familias y que no queremos más muertos por pobreza energética.
Como ya hemos repetido en diversas ocasiones es inaceptable que la crisis de gobierno por la que atraviesa nuestra ciudad, como consecuencia de la ruptura del pacto entre PSC y PDeCAT y la posterior implosión del PSC con la dimisión del alcalde y cinco regidores/as, acabe pagándola la ciudadanía, y, aún más grave, que lo acaben pagando las familias más vulnerables por inoperancia e incapacidad del gobierno de nuestra ciudad, actualmente formado únicamente por el PSC. Vuelve a quedar claro que la ciudad está sufriendo un importante empeoramiento por culpa del PSC y que, cuando decimos que el gobierno de nuestra ciudad, Terrassa, no funciona, nos referimos a cosas como ésta.
Es muy grave que, por problemas internos del PSC, la ciudad esté desaparecida de foros tan importantes como éste. Tal vez el problema de fondo es que -algunos- en el PSC confunden el partido con la ciudad. Si los nuevos concejales de área están ubicándose, tendrían que haber asistido los técnicos, que además saben bien de qué hablan y cada día se esfuerzan por proteger a las familias más vulnerables.
Llega el invierno y una de las prioridades de la ciudad es combatir la pobreza energética, no resolver el desbarajuste interno del PSC.
Esperamos pues algún tipo de explicación del alcalde, Alfredo Vega, y su equipo de gobierno.
* El autor es concejal de Terrassa en Comú
