Lo ocurrido con el pleno de hoy puede ser un avance de lo que le espera al equipo de gobierno durante el año y medio que resta de mandato. El alcalde Alfredo Vega incluyó la aprobación de las ordenanzas en el orden del día del pleno en el que se debía tomar conocimiento de la sustitución de los concejales dimisionarios. Su intención era apurar el último cartucho para someter a la consideración de la oposición su propuesta, la del equipo de gobierno que dirige, sobre las tasas, impuestos y precios públicos para el año 2018. No encontró los apoyos que buscaba y al final tuvo que retirarlos del orden del día. Los impuestos del año que viene serán los mismos que los de este año.
No se trata de entrar nuevamente en la argumentación de los partidos del pleno para rechazar la propuesta de ordenanzas fiscales del PSC, sino de poner de manifiesto la dificultad que va a entrañar sacar adelante propuestas hasta el final del mandato si no es desde la negociación más abierta. La intención del alcalde Vega era voluntariosa, pero escasamente viable. Hace poco menos de dos semanas los grupos le habían dicho que no; todos a excepción de PDECat, que en aquel momento era su socio de gobierno. No ha cambiado nada desde entonces, es más, incluso PDECat, ya en la oposición también y libre del encorsetamiento de un pacto de gobierno, matizaba algo esta semana su apoyo a unas ordenanzas que hasta hace pocos días también eran suyas. Aún con el eventual apoyo de Ciudadanos, que tampoco era "gratis" porque pretendía incorporar algunas enmiendas, es insuficiente para sacar adelante las ordenanzas. Recordemos que su aprobación o no repercute en los presupuestos en la cantidad de algo menos de un millón de euros para gestionar el año que viene.
La negociación de los presupuesto se presume, por tanto, complicada, muy complicada para Vega y su equipo. No sería de extrañar que si no se establece una negociación sin apriorismos, se deban también prorrogar los presupuestos de 2017 para el año que viene.
El pleno, por tanto, sirvió sólo para tomar conocimiento del adiós de los cinco concejales que presentaron su dimisión junto a Jordi Ballart. Sorprende que la fórmula utilizada para ese adiós haya sido el cese de funciones cuando en realidad se trataba de una dimisión. Si la dimisión se produjo por coherencia, esa coherencia se debía haber llevado a las últimas consecuencias. La diferencia entre el cese y la dimisión está en la prestación por desempleo a la que se tiene derecho después de dejar el Ayuntamiento. El debate no es si un cargo público debe tener derecho o no al paro, que desde aquí defendemos que sí, sino que si las decisiones, aún tomadas en en un momento de tensión, tienen unas consecuencias, si se deben asumir o no.
