Si ya nuestra situación económica venía siendo peor de la que oficialmente se nos decía hasta hace unas semanas, los acontecimientos acaecidos últimamente suponen el puntillazo definitivo a nuestro porvenir económico a bastante largo plazo.
En muchas ocasiones me he referido en esta columna a las prioridades que anteponen siempre los inversores de todo tipo, y especialmente los internacionales: confianza y seguridad jurídica.
Saltaron ambas por los aires y estamos viendo unas consecuencias que ni en nuestros peores sueños hubiésemos podido imaginar.
Deberían saber los políticos que el espectáculo que venimos transmitiendo al mundo no produce sólo efectos a corto plazo.
Catalunya y toda España son ya y serán vistas de forma mucho más negativa durante muchos años.
En cuanto a Catalunya, la desbandada de empresas es gravísima, pero se complica con el hecho de que, si sólo trasladan el domicilio y no la mayor parte de su actividad, pueden ser acusadas de fraude de ley, con lo que habrá que ver la forma de actuar en un futuro inmediato.
En cuanto al conjunto de España, además de salir perjudicada su imagen, se quiera o no, para los inversores internacionales, los problemas son de ambos y las previsiones económicas empeorarán en el conjunto, aunque sea en distinto grado, más cuanto más se complique la actual situación.
De forma inmediata, es casi seguro que veremos cómo toda esa serie de congresos importantísimos que se celebraban en Barcelona cambian su ubicación, y ojalá fuese sólo mientras dure la situación ruidosa. Es difícil valorar el perjuicio que este tema puede suponer. Dentro de la gravedad que puedan tener determinadas decisiones políticas, es lamentable que el mundo político en general no anteponga en sus decisiones los riesgos en el terreno económico, ni siquiera cuando, como es en este caso, se puede desencadenar una verdadera catástrofe.
¿Se impondrá algún asomo de sensatez, pensando ante todo en que no siga empeorando nuestro futuro?
