A primera hora de la noche de ayer se conoció la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso de sedición en Catalunya contra Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Lluís Trapero y la intendente Laplana que los dos primeros, los presidentes de las entidades soberanistas, ANC y Omnium respectivamente, debían ingresar en prisión como consecuencia de su participación en los sucesos del 20 de septiembre. El auto de la jueza Lamela considera que Sánchez y Cuixart no organizaron una manifestación pacífica, sino que lo que pretendían era obstaculizar una acción policial que cumplía órdenes judiciales para defender a los altos cargos investigados mediante movilizaciones masivas.
La tensión sube exponencialmente con esta decisión y si la situación era incierta como consecuencia de la respuesta nuevamente encriptada del president Puigdemont esta mañana al presidente Rajoy, se hace difícil imaginar las consecuencias de la entrada en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Aunque todavía se debe acabar la instrucción, en la que es probable que se incorporen informes de lo ocurrido el 1 de octubre, el ingreso en prisión es un síntoma muy claro de la lectura que se hace desde la judicatura de los hechos que se produjeron el 20 de septiembre en Barcelona. No olvidemos la gravedad de la situación puesto que la sedición es un delito que está sancionado en el Código Penal con la privación de libertad de hasta 15 años.
La reacción en Catalunya fue inmediata, con una cacerolada improvisada y multitud de muestras de apoyo a los presidentes de las entidades soberanistas que han marcado el pulso de la calle en Catalunya con manifestaciones multitudinarias desde el año 2012.
Está claro ya que la tregua ha acabado y que la acción del Estado contra el proceso independentista ha activado definitivamente su maquinaria. A la orden de ingreso en prisión de Sánchez y Cuixart hay que unir la activación del artículo 155 de la Constitución. No olvidemos que el requerimiento a Carles Puigdemont se realiza al amparo de ese precepto y que el jueves lo que se decide es si continúa adelante o no; no cabe duda de que está activado. Se presentan semanas de gran inestabilidad con reacciones sociales y políticas que se sumarán a las de la preparación de la intervención de la autonomía en base al 155 si, como parece probable, Carles Puigdemont no da un cambio brusco a su hoja de ruta el próximo jueves.
