Lejos del ruido en torno al procés independentista, Terrassa también vivió ayer una jornada histórica y lo hizo más en el fondo que en la forma, estando muy por encima la trascendencia política y simbólica de lo decidido que el interés de la ciudad en el seguimiento del proceso de liquidación de la concesión del suministro de agua. Ayer el pleno municipal de Terrassa sometió a votación el modelo que la gestión del agua tendrá en la ciudad dentro de pocos meses y el resultado fue el que se esperaba, un sí rotundo a su asunción directa por parte del ayuntamiento. De la misma forma, se aprobó la creación de la empresa pública Aigüa de Terrassa EPEL, que sustituirá a la hasta ahora concesionaria, Mina d’Aigües de Terrassa.
La importancia del acuerdo de pleno va mucho más allá de quién debe llevar a cabo la gestión puesto que pone sobre la mesa un concepto de la gestión de un bien común desde lo público y de espaldas a la mercantilización. El proceso de remunicipalización de la gestión del suministro tiene sin duda un nombre propio que es el de la Taula de l’Aigua de Terrassa y las personas que la componen. Se trata de la victoria de una voluntad por la que pocos apostaron cuando inició su andadura hace cuatro años. Debemos se honestos al reconocer que muy pocas fueron las personas, instituciones y entidades que creyeron en la Taula de l’Aigua. Poco a poco este pequeño colectivo ha conseguido sumar a su causa, esencialmente a los partidos políticos que han hecho posible la histórica votación de ayer.
La mayoría fue más que suficiente con los veinte votos de PSC, TeC, ERC y CUP; el voto en contra del PP y de Ciudadanos y la abstención de PDeCAT. Al final la formación liderada por Miquel Sàmper se ha mantenido en su indefinición, aprovechada por el bloque de izquierdas para, con este asunto también, intentar debilitar su pacto de gobierno con el PSC.
El Ayuntamiento de Terrassa se ha convertido en la punta de lanza de la gestión pública del agua y al mismo tiempo ha adquirido la extraordinaria responsabilidad de, efectivamente, conseguir que su gestión sea sostenible, transparente y no grave ni las cuentas de la ciudad ni el bolsillo de sus ciudadanos. Otra cosa será la judicialización de la liquidación y la extraordinaria diferencia de criterios entre el máximo de dos millones que considera el Ayuntamiento que debe percibir Mina en la liquidación y los 60 que espera la empresa. Eso lo decidirá el juez.
