L 10 de julio, María, una ciudadana de origen dominicano y usuaria del huerto social de Torre-sana, recibió una paliza de dos vecinos que no solamente la agredieron, sino que también la insultaron con insultos racistas y machistas.
María tiene la peculiaridad de ser mujer y de origen extranjero, lo que le supone ser doble víctima de los agresores, recordemos que eran dos hombres contra una mujer, todo un acto de valentía y equidad.
Este acto de violencia conlleva dos acciones sancionadas en nuestro Código Penal, el racismo y la violencia de género. Parece que ni la policía catalana ni el aparato judicial se han dado cuenta de estos dos factores determinantes de las características de la agresión.
Ahora resulta que se enmarca en una falta de agresión, que por cierto los agresores, además de lesionarle el brazo a María, también se presentan como víctimas de este lamentable suceso, y la justicia acepta todo esto en el proceso judicial abierto y en los términos expuestos.
¿Dónde está el respeto de las fuerzas de seguridad ante María? ¿Dónde está la acción política contra cualquier acción de este tipo por parte del Ayuntamiento, que a su vez es el promotor y gestor de los huertos?
¿Dónde se protege a María como mujer y como dominicana, cuando este Ayuntamiento se vanagloria de ser baluarte de la lucha contra el racismo y las agresiones de género?
Ahora es el momento de retratarse todo el mundo que se identifique con la democracia y el respeto a las personas, indistintamente de su origen, raza, creencia o género.
Ante este brutal atropello, no solamente a María, sino a todas las personas que luchamos por la defensa de los derechos humanos en Terrassa, no cabe la pasividad, sino todo lo contrario. Por ello el Ayuntamiento y todas las organizaciones políticas y sindicales deberían presentarse en esta causa como acusación particular. Estas mismas organizaciones deberían solicitar al juzgado que esta causa se demore hasta septiembre, y la instrucción de las denuncias debe recorrer caminos distintos. María fue agredida e insultada por ser mujer y dominicana, los otros responden a una estrategia judicial con su denuncia.
El final de este proceso judicial debería ser ejemplar para el conjunto de la ciudad y debería ser conocido por toda la ciudadanía. Ni una agresión más a ninguna mujer y, si la hay, que caiga el mazo de la justicia con toda su contundencia sobre los agresores.
