La liquidación de la concesión del suministro del agua en Terrassa no iba a ser tarea fácil; eso es algo que se presumía con antelación, pero conforme avanza el proceso, conocemos realmente el alcance de la dificultad incluso de carácter técnico, más allá de la polémica sobre la gestión municipal o concesionada del servicio. Todavía no se ha decidido cuál será el modelo de gestión, aunque por cómo se desarrollan los acontecimientos, se intuye que el informe final se encamina, efectivamente, hacia la gestión directa.
Ahora van surgiendo cuestiones de contenido eminentemente técnico, pero que también generan cierto debate político; si, finalmente, tal como parece desprenderse de las enmiendas aprobadas en los presupuestos generales del Estado, el Ayuntamiento podrá subrogarse los trabajadores de Mina; si la empresa gestora será una Sociedad Anónima Municipal o una Empresa Pública Especial (parece que esta fórmula gana terreno) o si se impondrá una tarifa o una tasa, cuestión muy importante puesto que esa decisión puede condicionar de forma determinante la gestión de la nueva empresa. En ese sentido, legalmente, la tasa, que parece la fórmula más viable según la normativa actual, debe referenciarse al coste concreto del servicio con lo que debe arbitrarse la fórmula de las inversiones a realizar en la red.
Por otra parte, en torno a esta cuestión surge un problema que no es menor. Se trata de la tarifa social y de la gestión de los impagos. En estos momentos es la concesionaria quien asume los impagos de las familias en situación de vulnerabilidad. Si el cobro del agua pasa a ser una tasa por un servicio, el impago activa el inmisericorde procedimiento administrativo que acaba indefectiblemente con el embargo de los bienes del deudor. Hay que pensar también cómo se va a gestionar una cuestión tan sensible y de qué herramientas se va a dotar el Ayuntamiento para mantener la asistencia a las familias que lo necesitan.
Pero si todo ello fuera poco, ahora surge la cuestión de la representatividad y la participación en el consejo de administración de la nueva sociedad. La Taula de l’Aigua ya ha advertido que debe ponderarse una participación en el consejo para la ciudadanía. No existe consenso, a priori, sobre ello. El equipo de gobierno no parece estar mucho por la labor.En cualquier caso, paciencia, porque tampoco sabemos el devenir judicial del proceso, otra cuestión que puede condicionar todavía muchas cosas.
