Hoy se cumplen exactamente dos años de la toma de posesión del bastón de mando de la alcaldía de Terrassa por parte de Jordi Ballart, su mandato como alcalde elegido en las urnas. No han sido dos años fáciles para el gobierno de Ballart. Es el mandato del gobierno en minoría en una complicada convivencia con la nueva izquierda de las confluencias y la madurez de la izquierda independentista.
Es una situación histórica por inédita que todavía tiene que dar mucho de sí en una campaña sostenida mediatizada por la política supramunicipal. El pacto con PDeCAT funciona con lealtad mutua, pese a que la AMI y todo lo relacionado con el proceso soberanista genera un calculado disenso que hay quien augura imposible de gestionar después del 1-O. Los socios dicen que no, que el pacto funciona y que el equipo de gobierno, aunque algo tarde, está cogiendo velocidad de crucero.
En la entrevista que publicamos hoy se intuyen los grandes temas de este mandato: agua, limpieza, autobuses y vivienda. También está el cansino asunto del Síndic, que no ha sido muy bien gestionado, pero que parece que se encarrilará a partir de septiembre.
La liquidación del contrato de suministro del agua con Mina, el adjudicatario de toda la vida en la ciudad, lo impregna todo y probablemente distorsiona la mirada sobre otros asuntos de gran importancia que están teniendo menor protagonismo, pero que son ciertamente preocupantes. Uno de ellos es el de la segregación escolar que está a la espera del informe que debe permitir su situación. La concentración de extranjeros en algunos centros escolares provoca importantes disfunciones que necesitan de actuaciones urgentes.
El otro gran tema es el de la vivienda. El número de ocupaciones en la ciudad está alcanzado cotas extraordinarias. Se habla de que se supera ampliamente el número de tres mil ocupaciones y la cifra sigue en aumento constante. El propio alcalde asegura que veinte de cada treinta nuevos empadronamientos corresponden a altas derivadas de ocupaciones denominadas delincuenciales, facilitadas por mafias que dan la patada en la puerta de viviendas vacías, y cuyos ocupantes buscan después los beneficios sociales que la ciudad ha dispuesto para las familias necesitadas. Tenemos un grave problema, que posiblemente se alargue más de los dos años que quedan de mandato.
