La Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya se pondrá en marcha, si no ocurre ningún imprevisto, el próximo mes de septiembre. Se trata de uno de los cambios más importantes que se van a operar desde la acción política desde una perspectiva eminentemente social. Podría compararse a la fallida Ley de Dependencia, pero quizás su significación sea muy superior por cuanto se reconoce a la ciudadanía el derecho a unos ingresos mínimos que garanticen su subsistencia.
La denominada RGC tiene su génesis en el Estatut de Catalunya, aprobado en el año 2006, pero desde entonces, por las circunstancias que sean, el Parlament no ha generado los consensos necesarios para hacerla realidad. Una Iniciativa Legislativa Popular desencalló el asunto y se inició la tramitación que ha culminado con el acuerdo que permitirá que se empiece a aplicar en septiembre.
La Ley tiene aspectos de gran importancia tanto simbólica como fáctica. En primer lugar, la administración reconoce a la ciudadanía un derecho, no se trata de una prestación, no se trata de solidaridad ni de caridad, sino de un derecho por el hecho de ser. Se trata de un aspecto cualitativo importante en la relación de la ciudadanía con la administración. Probablemente sea ese el cambio más importante que implica la RGC, que no está tanto en la cantidad que se perciba como en el concepto, aunque quizás pueda no ser entendido en algunos ámbitos. En segundo lugar, permitirá a los ya denominados trabajadores pobres, poder complementar sus salarios hasta alcanzar el Índice de Suficiencia de Catalunya (IRSC), esto es la renta que la Generalitat ha determinado como mínimo exigible de subsistencia. Es el reconocimiento de que la precarización del trabajo está generando un nuevo estrato social que es el de los trabajadores que no llegan a final de mes debido a la imposibilidad, por ejemplo, de tener un empleo a tiempo completo.
De la misma forma, la RGC permitirá dar oxígeno a los ayuntamientos, la administración de proximidad que está asumiendo de forma determinante la mayor parte de la asistencia de urgencia junto a organizaciones no gubernamentales, cargando así con el peso y la responsabilidad de no dejar tirados a sus conciudadanos. Ahora tendrán una mayor capacidad de maniobra. Lo que es de esperar es que no ocurra con la Renta Garantizada de Ciudadanía como ocurrió con la ley de la Dependencia, cuya aplicación tanta controversia en forma de retrasos e inconvenientes ha generado.
