A los muchos disparates cometidos con todo tipo de instituciones, que fueron dirigidas con criterios políticos en vez de profesionales, y de forma especial las cajas de ahorros, de cuya quiebra se ha culpado, con demasiada frecuencia, a la crisis, viene sucediéndoles ahora toda una serie de operaciones que vienen a ser más de lo mismo.
La diferencia estriba en que, ahora, o se hacen y deshacen operaciones que podríamos calificar, cuando menos, de "maliciosas", sobre empresas privadas -especialmente las de servicios públicos- o sobre aquellas que, siendo también privadas, se venían gestionando de forma muy ortodoxa, pero tienen el gran handicap de depender de unas concesiones de las más variadas administraciones.
Los tentáculos de las administraciones son tan amplios que ya difícilmente se puede hablar de economía de mercado o de libre competencia, términos que defiende nuestra Constitución.
La reciente aparición de "tapados" en TMB, que nadie en la empresa conocía y que cobraban varias veces lo que el presidente del Gobierno, no es más que un ejemplo de los muchos que deberían hacer sonrojarse a cuantos, con tanto ardor, defienden al sector público. Una simple mirada a nuestra reciente historia no deja el menor asomo de duda.
Fuera de él, tenemos a las grandes empresas de servicios, que denotan extraños contubernios pasados, cuando fichan e incluso nombran consejeros a políticos que decidieron en el pasado sobre temas que podían favorecer a las mismas.
Nuestra (perdón) la mayor empresa eléctrica que opera en nuestro país, Endesa, fue adquirida por la italiana Enel, y desde entonces no sólo ha sido claro ejemplo de lo antedicho.
Desde su compra, siendo una empresa sana y con liquidez, se han repartido buenos dividendos de forma rutinaria, pero además uno extraordinario por el que recuperaron gran parte del coste. Como la boyante liquidez no bastaba, la endeudaron hasta las pestañas, aparte de hacerle vender, precisamente a la matriz Enel, lo mejorcito de sus filiales americanas, a precios de derribo.
No es extraño que ahora corra el rumor de su venta -aunque de momento ha sido desmentida- a un renombrado fondo, de variados domicilios -algunos en paraísos fiscales- y accionistas desconocidos, que parecen saber muy bien dónde, a quién y cómo devorar, y llevan demasiadas operaciones en nuestro país, dejando por lo general a la empresa mal parada y a sus accionistas, peor, cuando no totalmente arruinados.
En este caso, como el juego anda entre pícaros, los italianos han gastado muy poco en el mantenimiento de sus instalaciones y no son pocos los clientes que, en los últimos tiempos, vienen recibiendo facturas erróneas, siempre por exceso, que aun reconociendo el error devuelven con cuentagotas, lo que puede llevar a que facturación y beneficios ayuden a una mayor valoración de la empresa.
De ser cierta la adquisición por el insinuado fondo, que cuenta con unos activos cercanos a los 50.000 millones de euros, no sólo puede resultar lamentable para los accionistas, sino para los ya maltratados usuarios de la mayor parte del sector eléctrico. El tema de las compras para desguace, por la amplitud y gravedad de lo que se vislumbra, dará mucho de sí en un futuro cercano y no es muy comprensible que quienes tienen la misión de auditar y controlar sociedades de ese calibre pasen por alto tales irregularidades.
