Y a hemos comentado en alguna ocasión que se está produciendo cierta falta de tacto con respecto a todo lo que rodea la sindicatura de greuges de Terrassa. Quizás no se deba hablar abiertamente de una mala gestión, pero sí de una falta de delicadeza en un tema especialmente sensible por las peculiares circunstancias que lo han rodeado. No profundizaremos una vez más en cómo se produjo la dimisión de la anterior síndica, Isabel Marquès, después de año y medio en funciones sin recibir ni la más mínima indicación sobre lo que iba a ser de la sindicatura.
El proceso de elección el sustituto de Isabel Marquès ha sido realmente accidentado. Ell equipo de gobierno asumió la propuesta de realizar un reglamento de la sindicatura, que partió precisamente de Marquès, y consensuada la fórmula para llevar a cabo la elección, no se valoró el sistema de manera suficiente y se generó una situación francamente compleja que ha provocado un dictamen negativo de Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya.
Se suspendió la designación del síndico y ante las argumentaciones de la oposición y de algunas entidades ciudadanas de la necesariedad de llevar a cabo una nueva elección debido a las carencias mostradas en el procedimiento elegido, se decidió solicitar la ayuda de Rafael Ribó para encontrar una vía de salida.
En ese escenario, se habló de una reunión entre Ribó y los partidos con representación municipal y con los candidatos a la sindicatura. Ayer se celebró una reunión, pero sin representantes de los partidos, ni siquiera del equipo de gobierno, sólo del síndic Rafael Ribó y los candidatos. Los partidos de la oposición no se mostraron ayer sorprendidos por el hecho de desconocer la celebración de la reunión. No debemos valorar al desconocer los pormenores de la convocatoria, pero en cualquier caso, el síndic catalán no habló de una solución concreta; seguramente sería una primera toma de contacto.
La solución no es fácil, pero si se confía en la opinión del síndic catalán, se antoja previsible. Es decir, si la oficina de Ribó ha determinado que el proceso no ha reunido garantías, es poco probable que la solución esté en una elección entre los candidatos sobre la base de ese procedimiento. Es lógico pensar que la salida se sitúe en la órbita de un nuevo proceso participativo que establezca las bases de la designación tal como establece el reglamento.
