En el pasado pleno del Ayuntamiento de Terrassa, desde Terrassa en Comú presentamos una propuesta de resolución para la defensa de los derechos de las personas afectadas por las cláusulas suelo, el IRPH, los gastos en la formalización de las hipotecas y la cláusula de vencimiento anticipado, para su acompañamiento y asesoramiento en el proceso de reclamación de las cantidades "estafadas" por los bancos. Recordamos que ya van ocho sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en las que nos dice que la ley hipotecaria española es anómala, injusta e ilegal. Pese a ello el gobierno del PP se ha negado sistemáticamente a cumplir estas sentencias y, lo que es más grave, esta última, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, aprobando un real decreto-ley que no da cumplimiento a lo que establece el TJUE, dado que no establece ningún mecanismo general de devoluciones automáticas de las cantidades defraudadas por los bancos.
No deberíamos olvidar que las cláusulas abusivas son una expresión de la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y de los abusos y fraudes perpetrados durante años por los bancos, con la connivencia o la indiferencia de los diferentes gobiernos del PSOE y del PP. Las cláusulas suelo han sido determinantes para que miles de familias fuesen desahuciadas y perdiesen sus casas. Nada de esto hubiese sido posible sin la denuncia permanente, la lucha y la presión en la calle de la PAH.
Consideramos muy grave que el PP, junto al PSOE y Ciudadanos (la Gran Alianza), haya aprobado un decreto que quiere volver a encubrir las responsabilidades de la banca. Igual que las cláusulas suelo, este decreto es una clara política de protección de los intereses de la banca y en contra de los intereses de las miles de familias engañadas, en Terrassa podríamos estar hablando de entre 10.000 y 15.000 familias. No podemos aceptar la lógica impuesta por el ministro de Economía, Luis de Guindos, no podemos esperar que sea la justicia, caso a caso, la que resuelva un problema que nace de las malas prácticas de las entidades bancarias. Es imprescindible articular los mecanismos y normativas necesarios que permitan reparar el daño causado, no podemos olvidar que todas estas cláusulas abusivas han sido un elemento fundamental de la crisis social de la vivienda.
Es por todo esto que instamos al gobierno del PP, y al PSOE y Ciudadanos, a aprobar una ley que permita una solución universal, con las máximas garantías y rapidez para dar cumplimiento a la sentencia.
Al mismo tiempo, creemos que los ayuntamientos también pueden actuar defendiendo los derechos de sus ciudadanos y la propuesta de resolución de Terrassa en Comú, que se aprobó en el pleno de enero, así lo pedía. A partir de esta propuesta todas aquellas personas de nuestra ciudad afectadas por las cláusulas abusivas podrán recibir servicios gratuitos de primera acogida (información y asesoramiento) que garanticen una información objetiva y equitativa en defensa de sus derechos.
También se deberá proponer al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa la firma de un acuerdo de colaboración que garantice el acompañamiento ante las propuestas de devolución que podrán hacer los bancos. Y se convocará, a través del Servei Municipal de Consum (OMIC), a los/las directores/as de bancos de nuestra ciudad para instarlos a hacer todas las acciones posibles para realizar una atención correcta a todas las personas afectadas y facilitarles el proceso para poder llevar a cabo su derecho a la devolución del dinero defraudado en reconocimiento de la sentencia del TJUE.
Finalmente, el Ayuntamiento tendrá que realizar sesiones informativas sobre el proceso para recuperar el dinero de estas cláusulas abusivas en todos los distritos de nuestra ciudad, que toda la información esté disponible en la web municipal y que se realice una campaña comunicativa que informe de sus derechos a toda la ciudadanía.
En definitiva, nos encontramos ante una nueva medida aprobada por el PP, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, que beneficia a los bancos al, por una parte, exonerarles de pagar las costas judiciales que se derivarían de todos los litigios en los que perdieran (que serían casi todos) y, por otra, dejar en sus manos la determinación, extrajudicial, de si ha existido o no un cobro abusivo e indebido.
En definitiva, estamos hablando de la enésima ayuda a la banca por parte del Estado, ya que el objetivo oculto es lograr que los bancos asuman menores costes en términos de devolución de dinero cobrado de más y de pago de costas judiciales.
Desde Terrassa en Comú seguiremos defendiendo los derechos de las personas afectadas, e intentaremos que la banca no vuelva a ganar.
L’autor és concejal de TeC
