AS pensiones públicas constituyen la principal fuente de ingresos de más de 9.000.000 de pensionistas y sus familias y se han constituido durante la crisis como uno de los elementos más importantes que han contribuido a mantener a muchas familias ante la difícil situación económica que atravesamos y que algunos consideramos una estafa. Pero, pese a la baja inflación registrada en los últimos ejercicios, desde el año 2009 las pensiones públicas han visto limitada su revalorización, primero con medidas anuales en el 2011 y 2012, que hicieron perder poder adquisitivo, y después con una reforma integral en el 2013 del sistema de revalorización, que lo garantiza de cara al futuro.
Hay que destacar que todas las previsiones de inflación, tanto públicas como privadas, contemplan que los precios crezcan en el 2017 por encima del 1%, concretamente, el gobierno del Estado ha previsto un IPC para el 2017 del 1,2%, en su última actualización del cuadro macroeconómico, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de julio de 2016 y enviada a las instituciones comunitarias. En el marco normativo actual, de confirmarse o superarse estas previsiones, sin adoptar las medidas necesarias para evitarlo, los/las pensionistas verán reducido de forma significativa su poder adquisitivo.
Por otro lado, la actual situación del sistema de la Seguridad Social exige una actuación urgente y comprometida de su función social. La gravedad y la duración de la crisis/estafa, la intensidad del paro, especialmente el de larga duración, el deterioro de las condiciones laborales de un gran número de personas que, junto con la evolución demográfica, han contribuido a situar el sistema de la Seguridad Social en déficit, mucho antes de lo previsto, y por la sustracción/expoliación del fondo de reserva por el Gobierno para cubrir otras cuentas ajenas a las pensiones. Por todo esto, resulta muy urgente anticipar medidas de refuerzo de la estructura de ingresos del sistema, previstas para adelante, de forma que se garantice una adecuada financiación. Esto ha de servir para demostrar, de forma contundente, la apuesta por la defensa de las pensiones públicas y acabar con los cantos de sirena de los grandes bancos o aseguradoras que intentan hacer negocio con nuestras vidas y, en este caso, instaurar un sistema de pensiones privado o de capitalización, donde quien pueda se pague su pensión del futuro y quien no se quede fuera del sistema.
La actual situación política, con el gobierno del PP y la muleta de C’s, y con un PSOE a la deriva, que no se sabe a qué pactos puede llegar con el PP, supone un gran riesgo que no se tomen las medidas necesarias para proceder a una revalorización anual de las pensiones a partir del 1 de enero de 2017. El Congreso y el Senado disponen de capacidad, legitimidad y facultades jurídicas plenas para adoptar todo tipo de decisiones en el marco de la ley, promoviendo, elaborando y adoptando las disposiciones legales que sean pertinentes.
Es importante recordar que, el pasado 3 de octubre de 2016, la mayoría de los partidos con representación en el Congreso, un total de 178 diputados/as, con la excepción del PP y Ciudadanos, pidieron subir las pensiones respecto al IPC de 2017, tal y como habían solicitado los sindicatos UGT y CCOO. Y presentaron una proposición de ley con la finalidad de que las pensiones subiesen con la inflación de 2017, prevista en un 1,2%.
Pero, pese a esta mayoría parlamentaria, el pasado 6 de diciembre de 2016 el gobierno del PP, conjuntamente con Ciudadanos, impidió esa subida de las pensiones del 1,2%, y lo harán sólo un 0,25%. ¿Y cómo lo hizo el Gobierno? Pues, mediante el mecanismo del veto y la complicidad de Ciudadanos para dormir la propuesta en el limbo de la burocracia parlamentaria y haciendo que los 9.000.000 de pensionistas vuelvan a perder, un año más, poder adquisitivo.
Es por todo esto que desde Terrassa en Comú decidimos presentar un acuerdo de Junta de Portavoces para dar apoyo a la "proposición de ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017", aprobada por mayoría de 178 diputados/as en el Congreso el pasado mes de noviembre, e instar al gobierno del Estado a garantizar la revalorización de las pensiones para el año 2017, de acuerdo con las previsiones de incremento del 1,2% del IPC. Este acuerdo se aprobó por mayoría absoluta en el último pleno del Ayuntamiento de Terrassa del pasado 21 de diciembre, con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, la alianza PP-Ciudadanos también existe en Terrassa.
Desde Terrassa en Comú seguiremos defendiendo las pensiones públicas, su revalorización y las medidas necesarias para garantizar el sistema de Seguridad Social.
El autor es regidor de Terrassa en Comú
