Los expertos en cambio climático van perfilando cada vez con mayor precisión los modelos que dibujan el inquietante escenario hacia el que nos dirigimos. Un escenario en el que el agua puede sufrir importantes cambios de disponibilidad. Por ello va a ser necesario aunar voluntades y sumar conocimientos para garantizar el acceso cómodo y seguro al agua potable y de saneamiento a todos los ciudadanos, un derecho humano al que todas las administraciones, empezando por la local, deben dedicar el mayor esfuerzo.
El agua es un patrimonio natural y un bien público inalienable, un recurso del planeta que debemos administrar con la mayor responsabilidad, garantizando tanto su disponibilidad para nuestros diferentes usos como la preservación de los ecosistemas acuáticos. Por eso es tan importante que la gestión del agua, desde su captación, preparación, abastecimiento y retorno al medio, se lleve a cabo bajo el más riguroso control sanitario y medioambiental y la estricta supervisión de las administraciones públicas, que deben garantizar el derecho al agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su declaración del acceso al agua potable y de saneamiento como un derecho humano, exige a los gobiernos que su suministro sea "seguro, saludable, accesible y asequible para todos". Algo que el cambio climático puede dificultar en un futuro cercano. Por eso resulta más pertinente que nunca poner en valor el conocimiento, el oficio, los recursos tecnológicos, la capacidad de innovación y la experiencia acumulada en el servicio de aguas.
Porque el conocimiento es la herramienta imprescindible para garantizarnos el acceso al agua, la prioridad debe ser ahora reforzar el trabajo en equipo para eludir el riesgo. Es el momento de reforzar la capacidad de resiliencia de nuestros servicios de abastecimiento ante los avatares climáticos y avanzar de manera decidida hacia el ahorro y la reutilización.
Debemos desarrollar una tecnología del agua basada en la ecoeficiencia para reducir el impacto ambiental de las infraestructuras y equipamientos, procurando que el derecho humano de acceso al agua no entre en conflicto con el deber de mantener los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad que acogen. Porque no nos equivoquemos: la principal titular del agua no es ni la administración ni la empresa suministradora. La titularidad del agua es de la naturaleza. Por eso debemos colaborar para garantizarnos un acceso cómodo y seguro, pero también sostenible.
En una sociedad justa, equitativa y solidaria el servicio de aguas debe estar basado en la profesionalidad y la experiencia para asegurar los más altos niveles de calidad en el servicio con el menor impacto ambiental en el entorno. Un servicio que debe ser de titularidad pública pero que debe proveerse por entidades profesionales, dotadas de las mejores tecnologías disponibles a la sociedad a la que presta sus servicios.
Hay que dotarlo de un perfil mucho más social para garantizar el servicio a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que por cualquier circunstancia no puedan atender el pago del recibo. Pero también debe ser un sistema mucho más seguro desde un punto de vista medioambiental, capaz de dar respuesta a las severas contingencias a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años en un entorno de incertidumbre caracterizado por el avance del cambio climático. Un reto que sólo podemos asumir desde la colaboración y el entendimiento.
Por eso a la hora de abrir el debate sobre la gestión del agua debe primar el interés común. No olvidemos que el sistema de aguas de abastecimiento urbano es un equipamiento básico cuyo nivel de calidad determina en buena medida los estándares de confort de la sociedad, la salud de las personas y la del medio ambiente.
