El acuerdo es imposible y probablemente lo mejor es que decida un tercero. Es decir, no existe la mínima posibilidad de que Ayuntamiento y Mina fabriquen un lugar de encuentro para mantener su relación, si es que esa relación debiera mantenerse. No es posible por muchas cuestiones, pero esencialmente porque los criterios desde los que se parte para analizar la situación son tan dispares que deberá decidir un tercero.
Mina, tal como su presidente y su director general pusieron ayer de manifiesto en rueda de prensa, considera que sus derechos históricos obligan a una indemnización por la expropiación de unos vienes que considera suyos. El punto de partida del Ayuntamiento es radicalmente contrario: se trata de una concesión que acaba y que se debe liquidar en los términos de una concesión. Esa diferencia de criterios genera a su vez una diferencia de gran magnitud en el valor de la “indemnización” que debe recibir Mina: en torno a dos millones de euros, según el Ayuntamiento, y en torno a 60 millones, según Mina.
Mina considera que la solución menos traumática para todos es la de la creación de una empresa mixta, pero la solución encuentra dos escollos de gran importancia. Por una parte, el Ayuntamiento considera que aún optando por esa vía, se debería convocar un concurso público, mientras que Mina, con el soporte de informes externos de importantes gabinetes jurídicos, asegura que se trata de una solución jurídicamente viable. Pero la cuestión principal no estriba tanto en eso como en las consecuencias que la propuesta de Mina lleva aparejada, que no son otras que la indemnización de esos 60 millones de euros, aunque mediante un pago diferido a lo largo de todos los años en que se fije el nuevo escenario mixto. Eso, para el Ayuntamiento, es tanto como reconocer explícitamente que Mina ostenta el derecho que defiende. Por lo tanto, sobre todo ello decidirá un tercero con toga y puñetas.
Los recursos y los procedimientos contencioso-administrativos, forman parte del proceso mismo y no nos debería ni asustar ni preocupar. Tienen la importancia que tienen, sin más, y todo el mundo está en su derecho de utilizar las herramientas legales a su alcance para defender sus intereses. Lo de las denuncias de falta de diálogo, presiones, chantajes y querellas sólo afea el proceso; lo verdaderamente importante es el valor simbólico que tiene el modelo de gestión de Terrassa, la tercera ciudad de Catalunya, y las consecuencias que puedan producirse en el sector por un eventual efecto dominó. No sólo hay nervios en Agbar.
