Terrassa ya tiene ordenanzas para el año 2017 y, emboscadas al margen y entendiendo que puede haber matices de cierta importancia a debatir, no puede decirse que los acuerdos no hayan sido buenos. Es más, es muy poco probable que el equipo de Gobierno haya tenido que aceptar muy a contrapleo las propuestas de la oposición de izquierdas (máxime teniendo en cuenta que ahora vienen los presupuestos), incluido el socio de gobierno, avalando la nueva regulación del IAE, cuestión controvertida en la que cabía una cierta prevención por parte del grupo municipal de Convergència i Unió (menudo lío con el nombre).
La ordenanzas tienen cuatro grandes aristas que deben destacarse. Por una parte está la congelación del IBI, que no debe entenderse como una concesión a la galería. Estamos a las puertas de una revisión catastral que puede afectar profundamente a muchos contribuyentes y se ha creído conveniente no generar un aumento donde con toda seguridad se prepara otro que se aplicará en 2018.
Otra de las grandes cuestiones de las ordenanzas de este año es el apartado de las bonificaciones. Se establece como criterio único que el referente sobre la capacidad económica para tener derecho a bonificaciones fiscales el Índice de renta de suficiencia de Catalunya. Esto permite no sólo uniformizar y clarificar el criterio, sino aumentar el número de terrassenses que pueden acceder a esas ventajas con lo que se fortalece la progresividad fiscal de la ciudad.
El IAE ha sido, por otra parte, otro de los asuntos que más debate provocó en la comisión. Al final se ha llegado a un acuerdo mixto entre la propuesta de la oposición y la que realizaba el equipo de gobierno. En definitiva, de lo que se trata es de objetivizar el impacto de la actividad empresarial en función de la zona de la ciudad en la que se desarrolle la misma. No es igual llevar a cabo una actividad comercial o empresarial en el centro que en un barrio periférico. Ha habido cuestiones interesantes a tratar como la protección específica a algunas zonas para dar un impulso a las empresas en los momentos de crisis. Se adoptan criterios objetivos y se normaliza y se da transparencia a la cuestión. Todos han destacado la labor de los técnicos municipales al llevar a cabo el estudio.
Por último está la tasa de residuos, que merecería comentario a parte. Los argumentos que llevaron a no aceptar la propuesta de aumento del 5 por ciento del año pasado no han servido para este año, pero en todo caso, se da la circunstancia de que el servicio se encarece con el canon de la Generalitat y se dice que se mantiene el porcentaje con el que el contribuyente paga el gasto real del servicio. Es una forma de verlo, pero el problema de los residuos no se soluciona aumentando la tasa.
