El nuevo reglamento de participación ciudadana se puede comentar desde diversos ámbitos y en todos ellos, seguramente, de forma amplia. En primer lugar, se trata de un trabajo impulsado por la concejal de CDC, Meritxell Lluís que ha suscitado un amplio apoyo de los partidos que componen el arco plenario. Ese es ya un buen comienzo, la CUP, por principios, se ha abstenido, lo cual no es mala señal y el PP, también por principios y por coherencia se ha abstenido. El resto de fuerzas se ha posicionado favorablemente al texto por lo que el trabajo de diálogo y negociación llevado a cabo por la concejal Meritxell Lluís ya merece ser tenido muy en cuenta.
Desde el punto de vista del contenido, el reglamento es francamente ambicioso y puede resumirse en la voluntad de dotar a la ciudadanía de herramientas reales de participación de implicación e incluso de empoderamiento. Otra cosa será que estas herramientas sean o no utilizadas y quizás lo más importante, en qué medida encuentren el amparo del pleno. En cualquier caso, lo importante es que al menos exista la posibilidad de impulsar iniciativas desde la propia ciudadanía, tanto de forma individual como colectiva y que los concejales asuman el coste político que todo proceso de participación puede suponer. Esto no será como los acuerdos de pleno que no se cumplen.
Existen aspectos interesantes que fomentan la transparencia como el rendimiento de cuentas del alcalde y de los concejales a lo largo del mandato o la posibilidad de proponer normas reglamentarias, al estilo de las ILP. También suena bien la apertura de los plenos municipales, para lo que se deberá, finalmente, modificar el ROM.
En general, como decimos, se abre un marco participativo nuevo en la ciudad que como en toda iniciativa novedosa genera lógicas dudas, simplemente por el hecho de ser novedosa. Es lógico que en cualquier proceso participativo abierto, los que gobiernan se reserven la última palabra desde un punto de vista técnico e incluso jurídico, pero habrá que ver hasta que punto, porque esa será la clave de la utilidad del nuevo reglamento.
Por otra parte, no podemos pasar por alto el hecho de que el nuevo reglamento, con el apoyo de todos los partidos, diga que serán obligatorias las consultas ciudadanas para asuntos de gran trascendencia y cita textualmente todos los relacionados con los cambios de gestión de los servicios básicos y que el “referéndum” del agua se haya quedado en un “dispositivo de participación” del que a estas alturas sólo se sabe que no se conoce nada.
