Finalmente el pleno aprobó ayer el reglamento de la sindicatura de greuges del Ayuntamiento de Terrassa. El proceso se aceleró ante la dimisión irrenunciable de Isabel Marquès que había prorrogado durante más de un año su vinculación al cargo. No se trata de volver a recordar el poco edificante episodio del adiós de Isabel marqués sino de mirar al futuro.
La figura del síndico es relativamente nueva, importada de Europa, donde hay más tradición de este tipo de mediador, por llamarlo de alguna manera, entre la administración y la ciudadanía. Hay quien considera que se trata de una figura puramente decorativa e incluso innecesaria puesto que la administración pública tiene herramientas suficientes de defensa de los ciudadanos que preservan sus derechos y garantizan su defensa. La verdad es que la figura del síndico va algo más allá y si se afronta desde una perspectiva proactiva y dinámica como lo hizo Isabel Marquès puede ser muy útil porque su dedicación le puede poner ante cuestiones con cierto recorrido. Podemos poner como ejemplo el trabajo que realizó Marquès sobre la presunción de veracidad de la policía municipal en la que intervinieron universidades y que fue objeto de mucha atención por parte de otras sindicaturas. De hecho, ese informe desembocó en la posibilidad de que la Policía Municipal desarrollase un protocolo de buenas prácticas que a su vez debía encuadrarse en un proyecto más amplio de modernización.
En cualquier caso, la figura del síndic, o nos la creemos, la potenciamos y buscamos un perfil con iniciativa o mejor no tenerla. Y esa es una de las novedades que presenta el nuevo reglamento, el de la fórmula de la elección, que incluye un proceso participativo en el que también intervendrá la ciudadanía. La consulta no podrá ser vinculante, pero, al igual que lo que sucede con el proceso participativo del agua, genera diversas dudas, seguramente porque no estamos acostumbrados a ese tipo de participación. La primera de ellas es si se conocerá el resultado de la consulta, aunque no coincida con la designación final (hay experiencias de lo contrario); otra duda se centra en qué nivel de participación debe tener la consulta para, aunque no sea vinculante, tenerla en cuenta y cómo se mide el eventual grado de movilización, incluso política que pueda llevarse a cabo, con la facilidad que hoy dan las nuevas tecnologías, para influir desde cualquier colectivo; recordemos como ejemplo, los presupuestos participativos.
