Aunque, tal como pintan las cosas, haya que volver a repetir elecciones, nuestros políticos volverán a ignorar el único tema que, un día u otro, tendrán que afrontar, y en el que quizás reside nuestra única tabla de salvación.
Sin tener en cuenta lo que nos cuesta la corrupción, que algunos aseveran continúa en muchos rincones de la vida pública, evitar el derroche anual estimado por los más estudiosos del gasto público podría por sí solo solucionar los problemas presupuestarios de España.
Entre la estructura mastodóntica del Estado, las duplicidades de funciones, los enchufados, no sólo en las administraciones, sino en la multitud de empresas públicas (incluso en las no públicas), los excesos de prebendas en los políticos activos y en retirada, etcétera, hay quien, tras sesudos estudios, estima que podrían ahorrarse entre 90.000 y 100.000 millones de euros al año.
Mucho me temo que este tema seguirá sin ponerse sobre la mesa. Ni siquiera en lo que hace referencia a número de funcionarios se consigue tener cifras claras, lógico quizás, porque son muchísimos los trabajadores de la administración que no se pueden catalogar como funcionarios, por no haber pasado por unas oposiciones, sistema de selección que fue prácticamente proscrito hace ya años. Lo mismo sucede con miles de asesores y miles de miles de empleados de empresas públicas ruinosas.
Entre los no opositores, nos encontraríamos con los de alto nivel, con contratos y condiciones privilegiadas, y los “currantes”, que se llevan la peor parte en la cantidad y calidad de funciones laborales y que, además, no tienen el puesto “en propiedad” como el resto.
Esta solución, aparte de que afectaría directamente a todo el entramado político que debe decidirlo, supone tal cantidad de votos, entre directos y de familiares, que no hay “bemoles” para arremeter con ella. ¡Y todos saben que no hay otra!
Seguir aumentando impuestos nos está llevando ya a que buena parte de los empleos que se van generando actualmente estén en la clandestinidad.
Podríamos hacernos una pregunta: ¿qué haríamos cualquiera de nosotros si, siendo autónomos, se nos hubiera ido “al traste” el negocio, nos persiguieran por las deudas del pasado y no tuviéramos con qué alimentar a la familia?
La opacidad hace más competitivo al ilegal cuanto más carga fiscal soporta el declarado y, dada la situación de insolvencia en que no pocos han quedado durante estos años, poco tienen que perder, por mucho que el señor Montoro de turno siga amenazando con la lucha contra el fraude.
Imaginemos que sean 90.000 millones anuales los que podrían ahorrarse; sé que suena a disparatado pero soy de los que lo creen posible. Aunque parte de ellos se irían en financiar el incremento del paro (quizás unos 3.000 millones) los 87.000 restantes, bien administrados, deberían dar de sí para ir rebajando nuestra deuda, bajar impuestos e incentivar la inversión, incluso por vía directa.
No tengo la menor esperanza de que oigamos debatir sobre ello, al menos mientras la maquinaria recaudatoria no nos haya ahogado a todos, y Bruselas, que sigue una estrategia parecida, sólo sea exigente con la rebaja del déficit, siendo lógico que no hable de reducir el gasto, mientras sus políticos y altos funcionarios disfruten de las exuberantes condiciones actuales.
