Opinió

Estudio

En el último pleno municipal se aprobó una moción presentada por el Partido Popular y secundada por el resto de los grupos de la oposición a través de la cual, se instaba al equipo de gobierno a abrir la Biblioteca Central como aula de estudio nocturno. El concejal Amadeu Aguado advirtió en ese mismo pleno de la dificultad de llevar a cabo el mandato debido esencialmente al coste económico del servicio.

El servicio ya no se pondrá en marcha estos días, en los que los universitarios se encuentran en plena vorágine de exámenes y los preuniversitarios preparan la selectividad que se desarrollará la semana que viene. No obstante, el Ayuntamiento, ayer mismo, inició una encuesta que estará operativa en la web municipal para obtener información sobre las necesidades reales de un espacio de estudio nocturno. Esta encuesta, inicialmente estaba previsto que se llevase a cabo en otoño, pero el acuerdo plenario ha hecho que se avanzase a estos días. La pregunta es, cuándo debe hacerse efectivo el mandato que el pleno municipal realiza al equipo de gobierno.

No se trata de poner en cuestión si se trata de un asunto prioritario o no, sino de determinar cuándo es obligación de un equipo de gobierno de cumplir los acuerdos que se alcancen en el pleno.

Es lógico que el Ayuntamiento quiera tener información sobre las necesidades reales del servicio, precisamente para dimensionarlo. Hay datos sobre ocupación de la Biblioteca Central en temporadas de exámenes anteriores en las que se habló de una media de en torno a los 70 estudiantes diarios que ocupaban algo más de la mitad del espacio habilitado. Se puede pensar que es mucho o es poco, que es un servicio cuyo coste se rentabilice o no en función de su utilización y hasta se podría cuestionar si el Ayuntamiento debe cubrir esa demanda incluso desde un punto de vista exclusivamente económico. Cualquiera de las argumentaciones a favor o en contra serían legítimas y se podrían entender, pero la cuestión está en cuánto tiempo se puede tomar un equipo de gobierno para responder a un acuerdo del pleno, máxime si, como es el caso, ya dispone de datos aproximados por experiencias anteriores.

La incógnita que se abre ante esta situación es si el resultado de la encuesta que inició ayer el Ayuntamiento condicionará la decisión final o el mandato del pleno es absolutamente ineludible.

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