La delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se ha hecho un flaco favor a si misma y especialmente a su partido en lo referente a la absurda prohibición de las banderas estelades en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputará mañana en el estadio Vicente Calderón de Madrid. La medida, de una torpeza y de una inconsciencia difícilmente comprensible, fue ayer anulada por un juez en Madrid en cuya resolución incluso se obliga a la delegación del gobierno a manifestar públicamente que las banderas pueden ser exhibidas durante el partido de fútbol.
En realidad huelga profundizar en los argumentos que convierten en inverosímil la decisión de la delegación del gobierno de Madrid. Es tan evidente que no vale la pena abundar en ello. Es suficiente con recordar que la libertad de expresión es un derecho constitucional incuestionable e irrenunciable. Dicho esto, sí cabe sacar alguna conclusión más. del lío de las estelades. Se hace difícil creer que la iniciativa parte de la delegación del gobierno y que es la señora Dancausa la que unilateralmente toma la decisión sin que, como decía ayer la vicepresidenta, sin que el gobierno pueda intervenir en modo alguno. De ninguna manera una delegada del gobierno va a tomar una decisión de esa magnitud sin la autorización del propio gobierno. Otra cosa es la intencionalidad de esa medida, que puede ser electoralista o no, pero torpe de cualquier modo. Otra cuestión que llama la atención es que el juez en su resolución argumente jurídicamente de forma tan nítida la decisión de vetar el veto y que la fiscalía difiera con un argumento tan opuesto con el que se pone nuevamente de manifiesto la jerarquización orgánica del ministerio fiscal.
En cualquier caso, la situación creada es un desatino, como lo fue la multa de la UEFA y como lo es querer condicionar lo que se piensa, lo que se dice y pretender mostrar al mundo una imagen que no existe y lo que es peor, disfrazar como técnica una decisión sin duda política.
Se habla de la politización del fútbol y de la futbolización de la política. Probablemente, no hayan ya ámbito sociales que puedan considerarse estancos, impermeables a las ideas. De lo que se trata es de defenderlas con dignidad y sentido común y de lo que no cabe ninguna duda es que de sentido común es de lo que menos se puede hablar en la gestión de la cuestión catalana. Decisiones como la adoptada por la delegada del gobierno de Madrid, ridiculizada por la posterior resolución judicial, son una clara muestra.
