La CUP anunció ayer que está en contra de la consulta que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terrassa quiere realizar a la ciudadanía con el modelo de gestión del agua como objeto de decisión. El posicionamiento de la CUP puede resultar sorprendente en un partido esencialmente asambleario, pero se trata de una decisión basada en la coherencia. Si la CUP sostiene que el suministro de agua debe realizarse desde un modelo público no tiene sentido consultar nada a los ciudadanos.
La reflexión de la CUP, al margen de cualquier consideración sobre el fondo de la cuestión, permite comprobar las aristas que tiene la consulta. Si la CUP no quiere consulta porque considera que lo tiene muy claro podría pensarse que los que la defienden no lo tienen tanto, pero sería una consideración axiomática probablemente realizada a la ligera. La consulta que empezó como un referéndum está tomando ya forma de encuesta en la que se indague entre los ciudadanos sobre cuestiones más allá del puro modelo de gestión. Siempre es interesante conocer lo que piensa la ciudadanía, eso es innegable, y por tanto, la consulta no debe causar recelo alguno. Otra cosa es el valor que pueda darse a la muestra, pero no porque pueda considerarse que el ciudadano no tiene derecho o capacidad para decidir o tomar posición sobre un tema concreto, sino todo lo contrario.
Se trata, en primer lugar, de que el consultado tenga efectivamente la información que se precisa para modelar su opinión y en segundo lugar de que la iniciativa tenga la suficiente entidad desde un punto de vista cuantitativo como para que pueda ser vinculante. En este caso, los números absolutos son muy importantes. Y, en definitiva, porque hay decisiones de tal trascendencia que obligan a los cargos electos a asumir la responsabilidad que les corresponde como tales. La CUP la ha asumido abogando abiertamente por un modelo público y Ciutadans y el PP también, mostrándose sin ambages favorables a la gestión privada.
En cualquier caso, tiempo habrá de tomar posición. La liquidación de la concesión está resultado suficientemente compleja como para que se alargue en el tiempo y permita que todos nos situemos en el debate. Lástima de esta sensación de frentismo que se está generando entre Ayuntamiento y Mina que está llevando a una judicialización del proceso que genera cierta incomodidad.
