La sanidad y la educación son los pilares básicos sobre los que se sustenta el Estado del Bienestar. Hay quien gusta de incluir también la administración Justicia como la tercera pata. En época de crisis como la que hemos padecido y seguimos padeciendo suelen ser, precisamente los dos primeros ámbitos los que sufren de forma más rápida y contundente los efectos de los recortes presupuestarios. Diferentes entidades, entre ellas, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, cifran el recorte presupuestario en España en más de 15 mil millones de euros y en una reducción del personal sanitario de 55 mil profesionales en el sistema más eficaz de Europa y el quinto más eficaz del mundo relacionando la mortalidad ajustada por edad y el gasto social. Es decir, al nivel de Italia, Francia y Sueca con una inversión un 33, un 66 y un 100 por cien menor respectivamente.
Con ello, queremos poner de manifiesto que los operadores sanitarios españoles y especialmente los catalanes se han tenido que ajustar el cinturón durante estos años y que las consecuencias de ese ajuste han afectado a los usuarios de la sanidad en forma de un aumento en las listas de espera de médicos especialistas, pruebas diagnósticas, tratamientos de rehabilitación o intervenciones quirúrgicas, además de la pérdida de puestos de trabajo que un elevado número de profesionales ha tenido que sufrir como consecuencia de ello. Mútua y Hospital (Consorci Sanitari) han sufrido esa circunstancia y además soportado las críticas.
Es el operador el que recibe el impacto del malestar del usuario cuando la situación tiene fácil arreglo. Es decir, un operador sanitario, ya sea público o concertado, organiza su estructura y planifica su actividad en función del encargo que le realiza la administración. Si el Estado, en este caso la administración autonómica, encarga cien operaciones de cataratas, el operador organiza su estructura para esas cien, aunque tenga capacidad para llevar a cabo muchas más.
En todo caso, la responsabilidad última sobre el nivel de eficacia y eficiencia en la atención sanitaria es de la administración. Otra cosa es la situación económica de los operadores, en la que esta cuestión lógicamente puede influir. Sería el caso del Consorci Sanitari, que gestiona una deuda histórica de más de 30 millones de euros que se empezaron a generar antes de la crisis y de la que no logra deshacerse pese a sus planes de ajuste. Se avecina otro.
