L a Plataforma de Afectados por las Hipotecas paró ayer otro lanzamiento. La historia hablará sin duda de la extraordinaria lucha de ese colectivo. Pero hablemos hoy de palabras: lanzamiento. Esa expresión tan poco afortunada, especialmente insensible, es en el léxico jurídico el acto mediante el cual se desaloja a alguien de un inmueble en el cúlmen de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler. Quién sería la persona que tuvo la pésima idea de denominar diligencia de lanzamiento a un acto tan extremadamente dramático; sin duda, nada tiene que agradecerle la literatura jurídica.
Ejecución, lanzamiento; hasta la semántica es especialmente humillante en torno a la ejecución hipotecaria. Son palabras agresivas con una connotación como de expulsión del grupo de personas indeseables a las que hay que separar porque se han atrevido a atacar al sistema incumpliendo sus compromisos. Puestos, también podría llamarse arrancamiento o arrojamiento o botadura.
En el procedimiento penal se ha sustituido la palabra imputado por la de investigado porque provocaba cierto prejuicio de culpabilidad en la opinión pública y ello generaba incomodidad entre los imputados, ahora investigados. Recordemos que el investigado, antes imputado, no es formalmente un acusado, sino una persona que es objeto de investigación judicial ante la posibilidad de tener alguna relación de autoría con un eventual delito. Desde una perspectiva jurídica, la catalogación de investigado es puramente garantista y se refiere a la obligatoriedad de que esa persona disponga del asesoramiento de un abogado hasta que se decida si continúa en el procedimiento como acusado, se convierte en mero testigo, o deja de ser objeto de investigación sin más. Fijémonos en la casual sensibilidad que ha tenido el legislador al modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cambiar la denominación de imputado por la de investigado y fijémonos que, casualmetne ha sido cuando se ha producido la ignominiosa avalancha de casos de corrupción que ha afectado a tantos prohombres de unos y otros partidos, directivos de bancos y cajas o altos funcionaros. Parece que antes no hubo necesidad porque seguramente el vulgo populacho no tenía derecho a sentirse incómodo ante una imputación. Con los que atacan el sistema desde la corrupción sí se ha sido sensible.
Puede considerarse absurdo reclamar sensibilidad en torno al nombre de un acto insensible en si mismo. A quien echan de su casa, qué más le importará cómo se llama la diligencia judicial que están sufriendo, pero convengamos en que llamarlo lanzamiento reviste el momento de una dolorosa indignidad. Tampoco era tan grave llamarlo imputación.
