Hablábamos esta misma semana de que el alcalde de Terrassa tenía ante sí un marrón de consecuencias imprevisibles en torno a la querella presentada por un grupo de policías terrassenses contra la concejal de la CUP, Maria Sirvent. Pues bien, el desarrollo de los acontecimientos no hace más que confirmar que efectivamente, el problema adquiere ya una cierta relevancia puesto que hasta la junta de personal del Ayuntamiento ha solicitado el amparo del Consistorio en defensa de la policía y todos los trabajadores municipales.
El equipo de gobierno, el alcalde, no tienen una posición fácil. Quizás el error fue no dar importancia a la reacción potencial de los funcionarios municipales ante las críticas vertidas por Maria Sirvent en el pleno del pasado verano. Los representantes de la policía dicen que enviaron una nota al alcalde que todavía hoy no ha recibido respuesta. Probablemente en ese momento todo hubiese sido más fácil, pero en todo caso, de lo que se trata es de hallar ahora una solución que no es fácil.
Lo peor es que no se sabe hasta dónde va a llegar esto: la CUP se presenta como víctima ante la querella, un papel en el que se desenvuelve con suma soltura, y los trabajadores municipales exigen que se les defienda.
Hay veces que por muy buena que sea la voluntad que mueve la acción política, ha de ir acompañada de la apariencia. Es decir, no solo hay que tener buena fe, sino que además debe parecerlo. En este caso, el dibujo de los hechos no cuestionan en absoluto la buena fe, pero sí el acierto en la gestión. El equipo de gobierno, el alcalde, se reúne con la CUP después de proponer a los policías, no personalmente, la retirada de la querella. No se reúne con ellos y en una mediación lo lógico es que se haga con los dos bandos. Aún en el caso de que este aspecto no tuviese importancia, sí adquiere más relevancia el hecho de que, primero, se pide a los policías que rectifiquen, sin que se sepa qué se le pide o que se le pedirá a la CUP y, segundo, se hace coincidir la mediación con el anuncio de un plan director para la policía municipal en el que no aparece el polémico GIE. Aunque no sea el objeto desautorizar a sus funcionarios, tampoco se da una muestra de apoyo inquebrantable. Y es cierto que ese plan director hace meses que se está gestando, pero la apariencia de la acción del alcalde Jordi Ballart es que su posicionamiento, a pesar de alabar el trabajo de la policía, no se alinea con cierta firmeza junto a sus trabajadores con lo que se produce la intervención de la junta de personal pidiendo amparo. Y mientras, la CUP, movilizada.
