Las últimas elecciones municipales depararon un inesperado panorama político en el Ayuntamiento, dejando un Gobierno en minoría que está siendo sometido a un nivel de fiscalización por parte de la oposición desconocido hasta la fecha en la ciudad. Tras el 24 de mayo todo cambió en la arena de Terrassa. Todavía es pronto para valorar en su justa medida las consecuencias de este auténtico terremoto, pero lo que nadie puede negar es que en el ámbito municipal ya nada es igual. Ayer se vivió un nuevo episodio en esta espiral de novedades. Por vez primera en la historia, y ya es mucho decir, un grupo de funcionarios ha denunciado a una concejal del Ayuntamiento de Terrassa. En concreto quince policías municipales han presentado una demanda contra Maria Sirvent, portavoz municipal de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP). En el escrito presentado en el juzgado este colectivo policial acusa a la concejal de calumnias e injurias que habría vertido en el pleno celebrado en el mes de julio. En esa sesión, la CUP pidió la disolución del Grupo de Intervención de la Policía Municipal, el antes conocido más popularmente como GIE, Grupo de Intervención Especial, al que atribuyen una “función de represión policial”.
El juzgado de primera instancia número 8 de Terrassa será el encargado de resolver una querella que vivirá con anterioridad en un plazo de dos semanas un acto de conciliación al que han sido citados los demandantes. Ésta es una acción de un grupo de quince policías, pero que no tiene el apoyo de la Policía Municipal de Terrassa ni tampoco del propio Ayuntamiento, un gesto completamente lógico.
Es evidente que la CUP ha convertido la disolución de este grupo policial en una de sus principales “banderas” para este mandato municipal y la presentación de una demanda todavía puede exacerbar un poco más esta voluntad de presionar al Gobierno para que modifique esta situación. Es una acción completamente nueva, pero no por ello criticable. Un grupo de policías se ha sentido calumniado y está plenamente legitimado para acudir a la justicia, a pesar de lo impropio de esta situación. Por eso es positivo que sea un juez quién al final determine si la concejal ultra pasó sus límites con sus manifestaciones en julio o si por contra las peticiones de los policías no tienen razón de ser. Se abre de este modo una nueva puerta en un terreno inexplorado.
