La presunción de veracidad es un principio jurídico por el que la declaración de quien lo ostenta prevalece por encima de quien no disfrute de él. En realidad, se deben cumplir toda una serie de requisitos que marca la ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, pero la esencia es esa. Así, en derecho administrativo, lo que dice la policía se presume siempre cierto; en derecho penal, la declaración de un policía tiene el mismo valor probatorio que la de cualquier otro testigo. No se trata de hacer una comparativa sobre los procedimientos, pero puede ser un buen punto de partida para saber de qué estamos hablando cuando Isabel Marquès, síndica de greuges de Terrassa, se sumerge, como consecuencia de las quejas de los terrassenses, en el concepto de la presunción de veracidad de los agentes policiales en lo referente a tráfico (también son presuntamente veraces, por ejemplo, los inspectores de la Seguridad Social).
No nos engañemos, en realidad, la presunción de veracidad en tráfico lo que persigue es agilizar los expedientes y que las denuncias no se pierdan por los vericuetos del procedimiento administrativos. Si todas y cada una de las multas se recurren sin tener en cuenta ese principio podríamos entrar en algunos casos en un verdadero callejón sin salida. Imaginemos un caso, como se da en la mayoría de las veces en el que un agente denuncia a un conductor por saltarse un stop en una carretera desierta. Sólo tendríamos la declaración del agente y la del conductor. En todas esas denuncias y otras similares se trataría de contraponer la palabra de uno contra la de otro y la resolución, sin la presunción de veracidad, sería jurídicamente compleja por no decir imposible.
La presunción de veracidad no impide, no obstante, que las multas se puedan recurrir puesto que el principio admite prueba en contra. El problema viene cuando en la instrucción de un recurso no se tiene en cuenta la prueba de contrario y se fía todo a la presunción de veracidad. No perdamos de vista que la presunción de veracidad se enfrenta a la presunción de inocencia un derecho constitucional que está jerárquicamente por encima y si mucho apuramos podemos entrar en contradicción con el principio de igualdad e incluso, rizando el rizo, con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Al margen del debate jurídico el solo hecho de que la policía municipal de Terrassa se comprometa a estudiar el código de buenas prácticas que propone la síndica, es un buen resultado del trabajo de Isabel Marquès.
