La crisis ha afectado de forma muy dura a un gran número de familias de Terrassa. Según datos del propio Ayuntamiento, estaríamos hablando de más de 10.000 personas de nuestra ciudad que no perciben ningún tipo de ingresos. Hoy la pobreza en Catalunya afecta al 20% de la población; en Terrassa, a un 19%, lo que supone que 40.948 personas viven por debajo del umbral de la pobreza.
Para completar el mapa de la realidad social en nuestra ciudad, aportamos datos que ayudan a contextualizar la actual situación:
La tasa de paro se mantiene en cifras muy elevadas, con una tendencia al paro estructural y a un alto porcentaje de paro de larga duración. Las cifras del paro del pasado mes de octubre en Terrassa corresponden al 18,7% de la población, lo que supone un total de 19.367 personas.
Se calcula que, a nivel de Catalunya, casi un 13% de la población no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno. En Terrassa, del 1 de enero al 30 de septiembre se han aprobado un total de 1.882 ayudas de urgencia social en concepto de suministros básicos (electricidad, agua y gas).
Este mapa nos dibuja una situación de emergencia social, en la que muchas familias no pueden cubrir sus necesidades básicas diarias (alimentación, ropa, pago del alquiler o hipoteca y pago de los suministros básicos).
Ante esta situación, ¿se pueden desarrollar políticas consistentes para luchar contra la pobreza y la exclusión social? ¿Podemos dignificar el sistema de ayudas y tender hacia un sistema que garantice las necesidades básicas? Desde los ayuntamientos, ¿podemos hacer al-go, o basta con interpelar a otras administraciones para que pongan en marcha un sistema de renta garantizada, renta básica o de ciudadanía? Mi respuesta a todas estas preguntas es que sí, que los ayuntamientos sí que pueden actuar y que ante la vulneración de derechos humanos nadie puede escudarse en la falta de competencias. Somos muchas las personas, iniciativas ciudadanas y movimientos sociales que exigimos desde hace años la Renta Básica de Ciudadanía, que garantice a toda la población unos mínimos de subsistencia y que ésta se convierta en un derecho ciudadano. La Renta Básica Municipal podría ser un primer paso hacia un sistema de derechos y no de caridad, empezando por abajo, por lo más cercano al ciudadano, por los ayuntamientos.
Terrassa tiene que priorizar y disponer de recursos suficientes para que todas las personas puedan tener cubiertas sus necesidades básicas y, por tanto, es un tema que hay que trasladar al ámbito de las prioridades colectivas y de las políticas públicas municipales.
Los servicios sociales hoy asignan ayudas económicas de urgencia social, en lo que podemos considerar una política reactiva, muy fragmentada, infradotada en su presupuesto y donde la persona no es el centro. Por esto, es imprescindible superar la actual política de ayudas, dignificarlas y aumentarlas a través de la Renta Social Municipal, elaborar una ordenanza municipal que la regule, incorporarla al catálogo de los Servicios Sociales municipales, definiendo el perfil de beneficiarios, la cuantía de la prestación, la estimación económica de su aplicación y la disponibilidad presupuestaria. Y, de esta manera, avanzar en la garantía de derechos fundamentales, mientras se sigue presionando para que el Parlament apruebe la Renda Garantida de Ciutadania.
En el informe anual que elaboran las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) destacan dos ideas: la necesidad de compactar las prestaciones para dar una mayor cobertura y el hecho de que en estos momentos la atención se hace a trozos. Esta compactación podría ser el embrión del sistema de rentas básicas o de renta universal.
No deja de sorprender la constatación de lo rápido que aflora el dinero público en determinadas circunstancias de crisis económica y lo mezquino que resulta cuando se trata de garantizar la existencia material de toda la población.
En el último pleno del Ayuntamiento de Terrassa, desde TeC, presentamos una propuesta para estudiar e implantar una Renta Social Municipal de cara a 2017. En el pleno, con el fin de lograr el máximo apoyo, adaptamos nuestra propuesta y retiramos cualquier mención a la implantación, reduciendo nuestro planteamiento inicial a un estudio de la propuesta a lo largo de 2016; repito, reduciendo la propuesta de implantación a un mero estudio. A pesar de esto, tanto el equipo de gobierno (PSC+CiU) como C’s votaron en contra.
Desde aquí insto al gobierno municipal y a Ciutadans a explicar el porqué de su rechazo a esta medida y a argumentar su decisión ante todas aquellas personas de nuestra ciudad que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.
Pese a esta negativa incomprensible, desde TeC vamos a intentar sacar este estudio adelante buscando el máximo de complicidades con la ciudadanía, con entidades y con profesionales de los Servicios Sociales. Sabemos que otra política social municipal es posible, y que el estancamiento y la falta de valentía o voluntad política no son la mejor receta para abordar y solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Sabemos también que nuestra propuesta no es utópica, pues en otras ciudades similares a Terrassa, como es el caso de A Coruña, se va a implantar la renta social este mismo año.
Por todo esto, es importante no olvidarse de los vecinos y vecinas que han quedado descolgados y caminar en paralelo hacia una ciudad con pobreza 0. Negar la realidad no hace que desaparezca y, como solemos decir, la política es cuestión de prioridades, y para mí está claro que ahora mismo la prioridad debería centrarse en cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, poner la vida en el centro.
El autor es concejal del grupo municipal Terrassa en Comú del Ayuntamiento de Terrassa
