Mina Pública d’Aigües de Terrassa ha presentado un recurso de reposición contra la designación de Joan Gaya como comisionado del Ayuntamiento de Terrassa. Se trata de un salto cualitativo de consecuencias imprevisibles en el proceso de conclusión de la actual concesión del suministro de agua en la ciudad. Mina cuestiona en su recurso, que no renuncia a elevar a los juzgados, no sólo el perfil del comisionado, al que considera falto de la parcialidad que el cargo y la ley le exigirían, sino también la fórmula de su contratación.
La lectura del recurso puede hacerse desde diversas aristas todas igual de afiladas. La primera, sin duda, tiene que ver con las consecuencias que la iniciativa de Mina tendrá para un proceso no exento de polémica y cuyo tono, como decíamos no hace muchos días, está alcanzando cotas que generan ya cierta incomodidad. La acusación que realizó públicamente el propio Gaya de que Mina no facilitaba al Ayuntamiento la información necesaria para tomar una decisión sobre el modelo de gestión que deberá existir en Terrassa ha sido poco menos que el detonante de una situación de tensión que se generó con la designación del comisionado, relacionada con su posicionamiento activo en favor de la gestión pública del suministro del agua.
Una segunda lectura tiene que ver con cómo se va a entender el recurso de Mina contra la figura de Joan Gaya desde una perspectiva de la imagen para la empresa. Se trata de una iniciativa dirigida contra la linea de flotación del proceso: el experto que debe ayudar al Ayuntamiento a tomar una decisión. La utilización que pueda hacerse puede afectar negativamente a la imagen de la empresa en un momento en el que ha arreciado la campaña de descrédito a la que se le somete desde algunos sectores sensibles e incluso por parte de algunos sectores políticos.
La tercera lectura se dirigiría hacia las dudas que puede generar la credibilidad del Ayuntamiento en cuestiones de procedimiento administrativo, vista la experiencia de los últimos meses. Hasta la resolución del recurso, cuya desestimación permitiría a Mina dirigir su acción a los tribunales a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, no e s recomendable hacer juicios de valor, pero sí apuntar que la fundametnación jurídica del recurso tiene cierta solidez. Otra cosa será que encuentre el respaldo del instructor o si se da el caso del tribunal. En cualquier caso, el recurso es un síntoma inequívoco de que no habrá cuartel.
