Ahora que la Constitución Española ha adquirido un relevante protagonismo como referente jurídico, político y social, no está de más acudir a ella para hablar de vivienda. Es un buen ejercicio leer el artículo 47, que habla de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Cuando la constitución dice eso, exactamente a qué se está refiriendo. Los estudiosos constitucionalistas hablan de que estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir, que no se configura como subjetivo y por lo tanto el ciudadano español no puede ejercitarlo para obtener de forma directa una vivienda "digna y adecuada". Por consiguiente, el derecho a la vivienda digna se considera, desde un punto de vista técnico, un principio rector de la política social y económica, por lo que se configura como un mandato a los poderes públicos para que éstos promuevan políticas encaminadas a hacer efectivo ese derecho.
Y los poderes públicos también son, en la medida de sus posibilidades, los ayuntamientos. En este sentido, tiene especial relevancia la convocatoria en Terrassa de la primera "cumbre" de ayuntamientos en defensa de la vivienda digna. Y la vivienda no es digna sin suministros energéticos, de ahí la importancia de la inclusión de este aspecto en la jornada. Los ayuntamientos, como hemos podido comprobar en los años más duros de la crisis económica, cuyas consecuencias se dejan notar todavía con toda su crudeza en los sectores más desfavorecidos, son las administraciones que han tenido que ofrecer una respuesta inmediata y eficaz, en ocasiones de forma improvisada a una necesidad perentoria, estando como está su capacidad de acción sumamente limitada por muchos factores.
El Ayuntamiento de Terrassa se ha erigido en pionero de políticas de diverso signo, tanto de tipo eminentemente social, de intervención rápida, como administración de proximidad y también de carácter mediador entre la ciudadanía y las entidades financieras y los deudores hipotecarios. Y también utilizando la ley para sancionar a los bancos que no la cumplen, obteniendo sentencias favorables, (también es verdad que ha perdido algún recurso). Es bueno que el Ayuntamiento terrassense lidere y aglutine y transmita a otros consistorios su experiencia y que con los que quieran vincularse a la plataforma que empieza a andar emprendan, como dicen los constitucionalistas, políticas encaminadas a que los ciudadanos, todos, accedan a ese derecho.
