Un filósofo moderno definía la ética como el concepto que determina lo que está bien y lo que está mal. Dicho así, sin más, no parece que deba haber mucho problema, pero la cuestión se complica cuando queremos establecer qué es lo que está bien y lo que está mal y cómo se generaliza algo que puede estar tan vinculado a la individualidad. Las leyes son las herramientas de las que nos dotamos precisamente para garantizar la convivencia entre principios éticos que pueden ser distintos y en muchos casos opuestos.
Podríamos por tanto partir de la base de que es imprescindible el cumplimiento de la ley; de ahí el principio de legalidad que obliga a que el ejercicio del poder público se lleve a cabo desde la ley y no desde la voluntad de las personas. Pero de la misma forma, todos estamos de acuerdo con que la ley debe armonizarse con la justicia y el principio de justicia tiene también que ver con las convicciones éticas y no siempre ley y justicia son coincidentes: Kelsen, quizás el exponente máximo de la defensa del derecho positivo, de la ley escrita lejos de cualquier otro principio, se tuvo que ir de Alemania por las leyes impuestas por el nuevo gobierno de un tal Adolf Hitler, normas aprobadas por un gobierno democráticamente elegido y desde un parlamento legalmente constituido; Gandhi y Martin Luther King desobedecieron leyes escritas para ganar la justicia; la ley de vagos y maleantes del franquismo era la herramienta perfecta de la arbitrariedad; hoy es habitual el clamor contra leyes que permiten que en la Venezuela bolivariana haya presos políticos… Sí, son casos extremos, pero dónde situamos el límite para llamar a la desobediencia o asumirla y cuál debe ser el papel de las instituciones, sometidas a la ley y a la vez garantes y generadoras de legalidad.
Hoy, en el Estado español y especialmente en Catalunya tenemos ejemplos que nos llevan a plantearnos cuál debe ser nuestra posición ante la ley. De entre ellos podemos destacar tres especialmente controvertidos. Por una parte, la Ley Wert, ampliamente desdeñada por todos los estamentos de la comunidad educativa española desde diferentes presupuestos; otro ejemplo es sin duda la imposibilidad de llevar a cabo un referéndum sobre el futuro de Catalunya y otra puede ser la denominada Ley Mordaza de la cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terrassa recibió por parte del pleno el mandato de incumplir. Un informe dice, claro, que desobedecer la ley es ilegal ¿Que hacemos?
