Este 23 de julio el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad nuestra iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda. Fue una victoria colectiva gigante por la que hemos peleado más de 6 años. Lo mejor de la PAH es su solidaridad: luchamos juntos para ganar todos, con la dignidad que algunos se creían que nos habían arrebatado y con el apoyo de una sociedad que ha dicho basta.
Aún con el orgullo por el trabajo bien hecho, hemos retomado nuestra actividad de cada martes en el centro cívico de Sant Pere Nord, donde nos organizamos para defender nuestros derechos.
La "Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica" pone encima de la mesa medidas para detener los desahucios de hipoteca y de alquiler, los cortes de suministros, para terminar con las deudas de por vida que no alcanzamos a pagar y para movilizar las viviendas vacías de bancos que incumplen su función social.
La ley que conseguimos aprobar es muy clara y establece que hay que proteger a las personas en situación de "exclusión residencial". Es decir, las familias que ingresen menos de 1.600 euros (aproximadamente, según los miembros de la familia y la zona donde se viva) y que se enfrenten a deudas o desahucios de hipoteca, desahucio de alquiler o cortes de suministros en su vivienda habitual. Las que, aun superando esos ingresos, tengan un informe social que acredite exclusión residencial también deberán ser protegidas. Para resolver el sobreendeudamiento se habilitarán mecanismos de segunda oportunidad que pueden terminar en cancelación de la deuda. Éstos se desarrollarán en los próximos meses para que sean de aplicación.
En caso de desahucio, ¿cómo nos protege la ley? Obligando a los grandes tenedores de viviendas (bancos y sus inmobiliarias, fondos de inversión y propietarios con más de 17 viviendas) a ofrecer un alquiler social (entre 50 y 140 euros, según ingresos) para evitar el desahucio, sea de hipoteca o de alquiler. En desahucios de alquiler en los que el propietario sea un particular, se establecen ayudas para evitarlo y, en cualquier caso, realojo para la familia.
Para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas, la ley determina que las compañías no podrán hacer cortes sin un informe de servicios sociales que indique que no hay exclusión residencial. En caso de que así sea, hay que garantizar los suministros básicos con ayudas o descuentos, mientras ésta dure.
Como ven, estamos hablando de una ley ambiciosa. Además sabemos que aprobar una ley no lo cambia todo en un día: hay que aplicarla y conseguir que no se guarde en un cajón.
Por este motivo hacemos un llamamiento para que se aplique nuestra ILP, que hoy es una ley de todos que defiende a cualquier persona con dificultades. Desde la PAH hemos publicado en nuestra web los documentos jurídicos para detener desahucios que ya estamos presentando en los juzgados. Invitamos a todos los afectados y a sus letrados a usarlos.
Pero para que se cumpla la ley es imprescindible que todas las administraciones asuman su responsabilidad.
En primer lugar, la Generalitat y los ayuntamientos deben garantizar que todo el mundo conozca sus derechos y tenga al alcance las herramientas para defenderse.
En segundo lugar, tenemos que saber claramente cuál es la magnitud del problema y a quién se deberá proteger. Por lo que todos los ayuntamientos deberán identificar cuántas personas en su municipio están en exclusión residencial.
Pero sobre todo es importante saber que los municipios tienen un rol central en la aplicación de esta ley. No sólo informando a la ciudadanía que acuda a sus oficinas, ya sean de vivienda o de servicios sociales, sino elaborando un protocolo interno de cómo se debe aplicar.
En concreto, la ley obliga a los ayuntamientos a elaborar informes de exclusión residencial para certificar la necesidad de paralizar un desahucio o un corte y garantizar alquiler social. A controlar que en casos de desahucio de gran tenedor éste haga una oferta de alquiler social dentro de los parámetros que la ley establece y, de no ser así, sancionar con hasta 90.000 euros por infracción.
Además, los ayuntamientos y la Generalitat quedan obligados a realojar a las familias que vayan a sufrir desahucios de pequeño propietario, siempre que las ayudas económicas no sean suficientes.
Será imprescindible pues movilizar numerosas viviendas sociales. La nueva ley aporta para ello una nueva herramienta que será clave, por ser más eficiente que las multas: la posibilidad de obligar directamente a los bancos a ceder vivienda vacía para alquiler social.
La Generalitat deberá aportar recursos, tanto presupuestarios como de vivienda, y asesorar a los ayuntamientos en esta tarea.
Queda claro que esa "Terrassa del derecho a la vivienda y libre de desahucios" no es algo que se vaya a conseguir con sólo proclamarlo en la prensa o en un tuit.
Desde la PAH llevamos 6 años luchando por ello día a día y con humildad. Nos habréis visto en las calles, pero sobre todo hemos trabajado como hormigas, apoyándonos los unos a los otros.
Por eso ahora exigimos menos palabras y más resultados. Que nadie trate de apropiarse lo que vayamos consiguiendo. No nos interesan las competiciones de alcaldes. Luchamos para que todos los ayuntamientos defiendan el derecho a la vivienda, como hicimos con las multas a las viviendas vacías de los bancos.
Hemos conseguido miles de pequeñas victorias colectivas que al final han hecho posible que se cambien las leyes en Catalunya.
Defiendan ahora desde los ayuntamientos y la Generalitat los derechos de la gente, es su obligación.
Pónganse a trabajar y hagan cumplir la ley. Y escúchennos, que de derecho a la vivienda… algo sabemos. Exigimos ser partícipes del diseño de implementación de la ley a nivel municipal.
Pongámonos todos a trabajar en ello. Que falta hace.
