Mina Pública, Aigües de Terrassa ha remitido al equipo de gobierno y a los partidos que conforman el consistorio un informe jurídico que dibuja diversas alternativas en torno al horizonte que se abre con la finalización de la concesión del suministro de agua en la ciudad. El informe está elaborado por un muy prestigioso despacho barcelonés y, aun a riesgo de ser sumamente reduccionista, puede resumirse en que un concurso público o la municipalización del servicio puede ser tremendamente oneroso para el municipio y establece una serie de alternativas para evitar un coste desorbitado a la ciudad. Para paliar, que no evitar, el impacto del coste, que todavía no está cuantificado, las alternativas que propone son, esencialmente, renovar la concesión a Mina o formar una sociedad mixta que integrarían el Ayuntamiento y, por supuesto, Mina.
No será desde esta tribuna desde donde se vaya a cuestionar ese informe, aunque es evidente que es de parte y no sería de extrañar que apareciese otro dictamen en el que se concluya que el concurso es insoslayable. En todo caso, el contenido del informe no hace más que generar cierta inquietud al asunto de la concesión del suministro de agua en Terrassa y da que pensar que si el concurso del servicio de autobuses está siendo difícil y no exento de polémica, el del agua será realmente complejo por la disparidad de criterios tan pendular en torno al fondo de la cuestión y también a la forma como se debe realizar.
La inquietud viene determinada precisamente por la indefinición del proceso y su contenido cuando a la concesión le queda poco más de un año. Es decir, parece ser que están determinados los bienes revertibles, es decir, lo relacionado con el suministro que el Ayuntamiento tiene que recibir, sin coste, por parte de Mina, pero no hay cuantificación de los bienes no revertibles. Éstos son los que pertenecen de pleno derecho a Mina, alguno de los cuales el Ayuntamiento tendrá que expropiar. Habrá que ver a cuánto asciende el coste, a que presupuesto se deberá sumar si al de 2016 o al de 2017 y si la situación financiera del Consistorio permitirá según qué operaciones.
Y todo ello aderezado con un referéndum sobre el que no sabemos si tendremos toda la información necesaria ni si será vinculante, ni si la participación legitimará que lo sea. En resumen, que quizás se ha esperado en exceso ante algo que era evidente que iba a pasar.
