En ocasiones, las decisiones tienen un objetivo tan claro y tan evidente que pueden provocar el sentido inverso al que se pretendía cuando se adoptaron. Ha llegado un momento en que cuando se adoptan medidas populares a las puertas de unas elecciones salta la sospecha y la reacción lógica del ciudadano, por muy buena que sea la medida es la de recelo.
Hace pocos días ocurrió con el anuncio del ejecutivo de Mariano Rajoy de rebajar el IRPF. A pocos meses de las elecciones legislativas el gobierno aplica una de las medidas que llevaron al presidente a la Moncloa y su ministro del ramo lo vende como un aumento de sueldo a los españoles (en realidad de unos 30 euros aproximadamente a salarios medio-altos). No es una medida creíble desde un punto de vista político, sino todo lo contrario, se percibe como ciertamente oportunista y electoralista.
A electoralista sonó el acto del pasado viernes de la presentación del nuevo trazado de Ferrocarrils de la Generalitat en Terrassa o su inauguración oficial el próximo 28 de julio cuando hace semanas que podría haber entrado en funcionamiento. Algo parecido, aunque con matices, ocurre con el anuncio hecho público ayer de la nueva política de reducciones de precios en la autopista C-16, incluido el polémico peaje de Les Fonts. Se trata de una dinámica de reajuste emprendida hace meses por la Generalitat en los peajes catalanes y que se anunció en su momento. Casualmente, ahora se acercan las elecciones autonómicas, le ha tocado a la C-16, vía con la que desde el área hemos mantenido una abierta y más que justificada controversia.
Nadie ha puesto en cuestión el pago en los túneles de Collserola o en Sant Vicenç de Castellet (aunque sí se ha criticado la cuantía), pero siempre hemos defendido lo injusto del peaje de Les Fonts, que mantuvo la gratuidad hasta 2011, momento en que la crisis económica y la consecuente política de recortes llevó al Govern de Artur Mas a cerrar nuevamente las barreras. Bienvenida sea la rebaja y bienvenida sea la nueva fórmula que se pondrá en marcha a principios de 2016 de peaje cerrado, esto es, pagar por los kilómetros que se utilizan, si los precios son razonables, pero que no quepa duda a la Generalitat de que los terrassenses están por la gratuidad de un peaje que castiga injustamente al territorio. La alternativa de los trabajadores para desplazarse a los polígonos de Rubí, o viceversa, no es la mas adecuada debido a su masificación.
