En la época del alcalde Manuel Royes, los asesores del alcalde eran conocidos en los pasillos del Ayuntamiento como la “beautiful people”. Seguramente se pretendía ironizar sobre la figura del asesor, designado directamente por el alcalde y no sometido a la disciplina de la estructura municipal (aunque algunos pasaron a formar parte de ella). Los asesores siempre han generado cierto debate, pero se trata de una figura regulada legalmente cuya contratación pretende desarrollar trabajos que requieren de una especialización elevada o de perfiles muy concretos o bien para dotar de músculo a determinadas áreas municipales en las que se precisa vigorizar la acción de gobierno.
Terrassa, por su dimensión, podría disponer de un total de 27 asesores y en esta ocasión tendrá cuatro, de los seis inicialmente previstos. La contratación de los asesores de este mandato no presenta mayor problema ni legal ni moral (a veces son conceptos que no casan). Existe, no obstante, un matiz cuando se explica que vale la pena ponerlo sobre la mesa y es precisamente el hacer hincapié en que hay que poner en valor que sólo se contratan cuatro asesores cuando la ley permite que haya 27. Igual es una percepción equivocada, pero da la sensación de que se plantea la cuestión de manera que se deba valorar como una gestión con un plus de rigurosidad, de criterio y de honestidad.
El debate sobre el asesor no debe plantearse desde la perspectiva de que se pueda contratar o no, de que la ley lo permita o no, puesto que ya hemos dicho que el alcalde Ballart podrían tener hasta 27; la cuestión está en si es necesaria su contratación o no, en si está justificada o no. Es probable que la mala gestión sea todo lo contrario, la no contratación de un asesor cuando se hace necesaria una mano experta en un área determinada.
Salvando las distancias, sería lo mismo que decir que la ley nos permite cubrir la riera del Palau o que la ley permite comprar más camiones de recogida de residuos e incluso contratar más personal para la limpieza de la ciudad. Ni en una cosa ni en la otra la ley impide al Ayuntamiento tomar decisiones en ese sentido, pero si no se toman será porque no se considera necesario o porque simplemente no se tienen recursos para ello o porque hay otras prioridades. En definitiva, de lo que se trata es de optimizar el rendimiento de los cuatro o los quince asesores que se contraten, al igual que de la totalidad de los trabajadores municipales.
