Los que peinen canas, si tienen la suerte de peinar algo, recordarán las huelgas y manifestaciones que durante los años ochenta se produjeron en contra de la selectividad y los "numerus clausus" de las facultades. Poco podíamos pensar que ahora nos íbamos a convertir en firmes defensores de las pruebas de acceso a la universidad. Es otro de los logros del ministro José Ignacio Wer, al que parece que le queda poco tiempo en el gobierno.
Si se cumpliera lo dispuesto en la polémica Lomce, la de esta semana sería una de las últimas pruebas de selectividad que se lleven a cabo puesto que a partir de 2017 se debería instaurar la reválida y las pruebas de acceso particulares a las universidades. Una reválida, por cierto, que consistirá en un examen tipo test de unas 350 preguntas en el que difícilmente se podrá valorar la adquisición de determinadas competencias que la propia ley impone. La Lomce es la prueba palpable de que la arquitectura del sistema educativo español es débil y sometida a los vaivenes políticos; no se entiende cómo una cuestión de esa magnitud no está por encima de intereses de partido. La última ley impuesta por el Partido Popular es una buena muerte de ello. La mayoría de autonomías hacen malabarismos normativos para esquivar su aplicación, al menos en un primer momento. Y con respecto a la selectividad, ya estaban los responsables de las universidades estudiando la posibilidad de plantear exámenes de ingreso más o menos comunes para propiciar una cierta homogeneidad en el sistema, que la ley destruye, y evitar que el acceso a la universidad, según los propios rectores, se convierta en una jungla.
Todo inventando en espera de que las elecciones generales pongan remedio a la situación. Y es que parece ser que la Lomce tiene sus días contados si el Partido Popular no obtiene una mayoría absoluta, cosa poco probable, en las próximas elecciones legislativas. La mayoría de partidos del arco parlamentario, a excepción de UPN y UPyD firmaron un documento para derogarla. PSOE y Podemos ya han dicho que la derogarán a la mínima que tengan la oportunidad y Ciudadanos también ha manifestado que no es la ley que necesita el país. Por tanto, seguiremos esperando un sistema educativo estable, duradero y sensato que libere a la comunidad educativa de la incertidumbre y de los cambios constantes en los que se ha visto sumida por las diferentes leyes promulgadas desde las primeras elecciones.
