Personal Laboral y usuarios de La Fundació Privada Terrassenca Prodiscapacitats, Prodis, y la Fundació Amat Roumens, Fupar, se volvieron a concentrar esta semana ante sus respectivos centros de trabajo para expresar su malestar por la situación de asfixia económica que sufren estas entidades. De momento, así continuarán (todos los jueves) hasta que la Generalitat y el Gobierno Central ofrezcan respuestas a sus reivindicaciones. Éste no es sólo un asunto local. Los responsables de los Centros Especiales de Trabajo (CET) de Catalunya están preparando una gran movilización para finales de febrero en Barcelona, si antes no llega una solución.
A nivel local, el pleno del Ayuntamiento del pasado enero dio todo su apoyo al colectivo. Los grupos, de manera unánime, se comprometieron a pedirle a la Generalitat que se ponga al día en la financiación de las entidades, cumpla con el compromiso de construir la Residencia Llar de Torre-sana y que aumente el número de plazas concertadas en la ciudad. Paralelamente, un grupo de trabajo, a través de la Taula de Capacitats Diverses i Accesibilitat, elaborará una nueva propuesta de modelo de servicios y de atención a las personas con discapacidad intelectual.
"A nivel del municipio hemos recibido todo el soporte y eso es fantástico, pero en la Generalitat y el Gobierno Central no se ha producido todavía ningún moviendo", denuncia Dani Jorquera, gerente de Prodis. Le consta, asegura, que Terrassa y otros municipios están haciendo llegar sus reivindicaciones al Parlament y al conseller de Treball, Chakir el Homrani. Sin embargo, "la Generalitat tiene congelados los fondos para los CET y no abre ningún debate; no tiene previsión de hacer una revisión de los precios. De momento, eso son malas noticias". La Generalitat congeló hace diez años la aportación económica que efectúa a estas entidades por cada plaza de los servicios ocupacionales y asistenciales. Ambas entidades reclaman un incremento del "quince por ciento" en esas asignaciones para actualizarlas en función del incremento del coste de la vida. El Ayuntamiento también se comprometió a intervenir en otro de los frentes que está provocando una sangría económica a estas entidades. El Consistorio pedirá al Gobierno Central que eleve del 50% al 75% la subvención que otorgar para cubrir el salario mínimo interprofesional. Actualmente, el otro 50% lo pagan las entidades; el importe de ese porcentaje ha crecido a la par del alza del SMI, un 37% en los últimos años. "Esperábamos que el Gobierno Central nos diese ese soporte pero no llega". Por tanto, "en general la situación continúa exactamente igual", denuncia Dani Jorquera. Según se expuso en el pleno de enero, en el que participaron representantes de Fupar y Prodis, estos centros están en una situación en la que no pueden garantizar los puestos de trabajo. El propio Jorquera no descarta, sino llega una solución, la posibilidad de tener que reducir plantillas. Y esto no es cualquier cosa. En Catalunya, el colectivo de personas con discapacidad tiene una tasa de paro del 70%.
