En el proyecto gasístico Castor hubo "aspectos de dudosa legalidad", manifestó ayer Antoni Abad, presidente de la patronal egarense Cecot, que criticó la gestión del Gobierno central en esta operación. Así lo afirmó en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlament de Catalunya que estudia posibles irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor, ahora paralizado. Antoni Abad dijo que el proyecto fue una "inversión fallida en la que prevaleció la construcción de la infraestructura sobre su viabilidad". Asimismo, cuestionó la concesión del proyecto porque era una "inversión de incierto recorrido" y defendió que el coste de la indemnización por el proyecto fallido no puede recaer en los consumidores. Por otro lado, celebró que el Gobierno de Pedro Sánchez considere que esta indemnización "no la pueden soportar y pagar los consumidores", y dijo que previsiblemente los costes los deberán asumir los Presupuestos Generales del Estado.
En su intervención, Abad lamentó que devolver a los consumidores el coste de la indemnización es "imposible" porque la ciudadanía debería reclamarlo y demostrar lo que en ese periodo consumió y pagó, algo que ve muy difícil. También reivindicó que la Cecot impugnó judicialmente varias decisiones sobre el Castor y que los tribunales le han dado la razón en varias ocasiones. Al respecto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en enero una orden ministerial por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para este 2019. El texto de la orden ya no incluye cargos por el mantenimiento de la planta gasista Castor, ni los cargos por amortización de la planta a los consumidores de gas, como sí hacían las anteriores. Esto es consecuencias de dos sentencias del Tribunal Supremo, que atendieron las denuncias realizadas por la patronal egarense Cecot.
Más de cien millones
El Tribunal Supremo obligó al Estado a reintegrar más de 100 millones de euros al sistema gasista en concepto de las sumas abonadas a Enagás durante 2016 por las tareas de mantenimiento del almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón). En su sentencia, la sala de lo Contencioso- Administrativo, que el pasado noviembre ordenó el reintegro de otros 18 millones de euros por el mismo concepto en el ejercicio anterior, volvió a estimar un recurso de la patronal Cecot (en este caso contra la orden ministerial de 2015) que establecía los peajes de acceso a estas instalaciones. Cecot, en un comunicado, aseguró que "se obliga al Gobierno central a devolver a los consumidores de gas" no solo los gastos de mantenimiento y operatividad de 2016 sino "la primera cuota anual (80,6 millones de euros) de retorno del crédito de 1.350 millones que el anterior Gobierno central autorizó a pagar a la exconcesionaria Escal UGS". Por el momento, entre la primera sentencia y la segunda, se han anulado 118 millones en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas".
Órdenes ministeriales
La Cecot impugnó las órdenes ministeriales para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 del Real Decreto- ley 13/2014 por el concepto de mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista por considerar inconstitucional algunos de los preceptos del real decreto-ley.
La finalidad era, desde que inició este proceso de denuncia en 2015, obtener sentencias favorables a los consumidores de gas, a los que el Gobierno debería reintegrar una cuantía de doscientos millones por todos los ejercicios. Después de que el Tribunal Superior le diera la razón en las dos primeras de las cuatro impugnaciones de las ordenes ministeriales relativas al mantenimiento de la plataforma Castor, la Cecot entiende que el resto tendrán un veredicto positivo para los consumidores de gas en España.w
