La patronal Pimec instó ayer al Gobierno a afrontar una reforma profunda del sistema de la Seguridad Social que contemple la posibilidad de una financiación con recursos fiscales para no depender en exclusiva de la tributación del trabajo. La subida prevista para las pensiones obliga, a juicio de la organización que lidera Josep González, a debatir fórmulas alternativas para financiar la Seguridad Social ante factores como el envejecimiento de la población y la extensión de formas de trabajo más intermitentes.
En un comunicado, Pimec ve "inaplazable" un debate sobre la financiación del sistema de protección social "con recursos fiscales". "No es sostenible que las crecientes prestaciones sociales continúen recayendo de forma exclusiva o principal sobre la tributación del trabajo", señala.
La patronal catalana de pequeñas y medianas empresas ha denunciado además que la mayor parte de las medidas incluidas en el real decreto ley 28/2018 tienen "una vocación recaudatoria" para mejorar los ingresos de la Seguridad Social.
Entre estas medidas, destaca la suspensión de los "bonos" por menor siniestralidad laboral, la obligación de cotizar por prácticas laborales o la derogación de varios incentivos a la contratación. En esta línea, Pimec reclama una reforma que permita "rebajar de manera generalizada las cotizaciones sociales, acompañar la actividad económica y promover una diversificación de los ingresos del sistema a través de la recaudación fiscal".
Los autónomos
Una atención especial merecen las medidas del RDL 28/2018 en materia de autónomos. En primer lugar, dice Pimec, se renuncia a regular la cotización parcial de aquellos autónomos que no trabajan a jornada completa, una decisión que encaja con la finalidad del decreto, pero que "incumple un compromiso largamente reclamado y que afecta sobre todo las mujeres autónomas".
La cotización de los autónomos por accidente laboral y por cese de actividad se convierte en obligatoria con el Decreto, con unas tarifas crecientes a los próximos años. Aunque no se trata de un coste prohibitivo para los empresarios y profesionales autónomos, Pimec recuerda que este colectivo hace muy poco uso de los mecanismos de protección públicos y que, por tanto, a cambio de esta modificación sería necesario al menos facilitar su uso. De hecho, una reciente encuesta de Pimec mostraba como sólo un 8% de los autónomos se había acogido en 2018 a la baja por enfermedad común, a pesar de ser una cobertura incluida en la cotización, y que un 70% de los autónomos cuenta con seguro privado de salud. En cuanto al cese de actividad, conviene recordar que cerca del 60% de las solicitudes presentadas por autónomos son rechazadas por las mutuas, según los datos disponibles.
