La patronal Cecot sostiene que un total de 4.004.805,77 personas no podrán acceder a cursos de formación a causa del “desvío de fondos de formación a manos del Gobierno” durante los últimos cinco años. Esa cifra de afectados se ha calculado de la división entre los 5.000 millones de euros de deuda acumulada, reconocida por las administraciones, y el coste de una persona trabajadora. El presidente de Cecot, Antoni Abad, recordó en un comunicado que el pago de fondos de formación “no es un impuesto”, aunque se recaude por la vía de la Tesorería de la Seguridad Social, y cifró que, según datos del Balance de Resultados de 2014 publicados por la Fundación Tripartita, el coste medio de financiación en formación por trabajador en el año 2014 fue de 1.248,5 euros.
La patronal Cecot ha sugerido crear un organismo bilateral con los sindicatos que priorice los objetivos de cualificación y formación por encima de la burocratización, así como dejar de pagar el 0,7% a los fondos de formación. Asimismo, reclamó la intervención de oficio del Tribunal de Cuentas para hacer “efectiva una verificación contable de la gestión económica realizada” por el Ministerio de Empleo para garantizar la aplicación de los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia en el uso y aplicación de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional.
Denuncia
La patronal y organizaciones empresariales ya han trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez esta problemática. La denuncia sobre un uso indebido, por parte del Gobierno, de los fondos para la formación continua que aportan empresas y trabajadores tiene su origen en la demanda que la patronal Cecot inició por la vía del Síndic de Greuges de Catalunya en 2016 y que en los últimos tres años ha derivado al Defensor del Pueblo, quién está verificando y requiriendo del Ministerio de Empleo los datos necesarios para esclarecer el destino final de los fondos de formación que no se han aplicado para su finalidad.
Cecot, en la nota, insta a que se respete “de una vez por todas” las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y las recientes recomendaciones de la Defensora del Pueblo, dotando al sistema de financiación estable y suficiente, y respetando el carácter finalista de la cuota de formación. En los últimos años, añade Cecot, lo único que se ha hecho es “poner parches al modelo de la formación continua y no aportar soluciones. Y lo que es más grave, con la publicación de las diferentes normativas lo que se puede constatar es que se han construido, de nuevo, universos paralelos e independientes del tejido productivo empresarial. Siguen sin
resolverse, añade la patronal terrassense, los problemas que “tenemos sobre la mesa las empresas y los trabajadores” respecto a la formación y calificación de los trabajadores y respecto al paro juvenil. “No existe una planificación global de los objetivos de calificación, ni tampoco una evaluación integral de los procesos y los resultados del conjunto de la formación profesional para la ocupación”, señala. El objetivo de Cecot y las organizaciones empresariales que dan soporte a esta denuncia es que se diseñe “junto con los agentes sociales, un modelo moderno y eficaz de la formación profesional continuada”
El coste total
Las organizaciones empresariales y sindicales elevan a cerca de cinco mil millones de euros de los fondos que se han destinado a otras finalidades diferentes a la formación continua y que en 2017 el Ministerio de Empleo se comprometió a reprogramar ante la petición del Defensor del Pueblo.
En un contexto de desempleo elevado, incluyendo el paro juvenil, y donde las empresas tienen cada vez más dificultades o para encontrar personas cualificadas o para recalificar a las plantillas actuales, no es de “recibo”, añade la patronal local Cecot en el citado comunicado, que “existan unos remanentes crecientes de fondos finalistas, que no quedan reflejados con la claridad necesaria en los presupuestos del sistema de formación o, lo que es peor todavía, que se puedan estar aplicando a otras finalidades, como lo ha llegado a reconocer expresamente la Administración encargada de su gestión”.
