Diez agrupaciones empresariales catalanas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el restablecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad. Patronales como la egarense Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras entidades, presentaron en noviembre una denuncia ante las instancias europeas por la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde 2014.
El desencadenante de la denuncia fue la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas acordada entre el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación de los presupuestos de Estado de 2017.
Este grupo de asociaciones empresariales, entre las cuales también figura Retail.cat, la Confederación Catalana de la Fusta o el Institut Industrial de Terrassa, aseguraron en un comunicado conjunto que “desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica”. Estas entidades, dicen en un comunicado, consideran que la situación se “ha agravado con esta reforma, que comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas de determinadas regiones de España”.
Medida selectiva
Creen que se trata de una medida cuyos efectos son “selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda Estatal en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario”. La CNMC interpuso, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, que traspasa algunas de sus funciones al Ministerio, entre otras, la de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones.
Según las patronales, esta competencia debería estar en manos de la CNMC para garantizar que no haya discriminaciones entre territorios en esta materia. “Se produce una discriminación entre las empresas según sea la tensión de acceso, y esta discriminación es por territorios”, dicen. La discriminación tarifaria favorece a empresas acogidas a la tarifa 6.1b con suministro eléctrico superior a 30 kV e inferior 36KV, creando una mayor diferencia con los suministros contratados a la tarifa 6.1A con tensión de suministro inferior a 30 kV y potencia contratada mayor de 450 kV. Las empresas no tienen la posibilidad de escoger la tarifa, ya que esto depende de la tensión de la red de distribución que haya instalada en la zona donde se ubican. La decisión sobre el tipo de red de cada zona la adoptó la empresa eléctrica que operaba en la zona y que fue la responsable de construir esta infraestructura. Así pues, en España conviven varios tipos de red según la parte del territorio.
